El Ejecutivo busca facultar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bancaria en contextos excepcionales, como parte del combate al crimen organizado y el lavado de activos.
A más de tres meses del revés sufrido en el Senado, el Gobierno reactivó este martes el debate sobre el levantamiento del secreto bancario, en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. La discusión fue retomada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el Ejecutivo volvió a ingresar una indicación que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder a información bancaria en casos excepcionales.
La medida, que busca seguir la ruta del dinero vinculado al crimen organizado y el lavado de activos, ha generado opiniones encontradas tanto en el Congreso como entre especialistas. Estos últimos han advertido que una eventual facultad administrativa para alzar el secreto bancario podría traducirse en abusos de poder y vulneraciones al derecho a la privacidad.
El diputado Cristián Araya (Partido Republicano), nuevo presidente de la comisión, desestimó la propuesta del Ejecutivo, señalando que se trata de “una bomba de humo”, argumentando que la UAF ya cuenta con la posibilidad de solicitar estos levantamientos con autorización judicial, la cual —según dijo— se ha entregado en un plazo de 24 horas en cada caso solicitado.
Frente a las críticas, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, aclaró que el objetivo es habilitar el levantamiento del secreto bancario sólo en tres situaciones excepcionales, y en ningún caso vulnerar garantías constitucionales.
Según detalló la autoridad, las excepciones serían:
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Cuando el reporte de operación sospechosa provenga de una entidad bancaria;
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Cuando el sospechoso sea un funcionario público;
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Cuando el reporte provenga de una persona jurídica.
Mientras sectores como la UDI no se oponen a una flexibilización de la norma, advierten que se debe establecer con claridad quién tendrá acceso a los datos. Así lo señaló el diputado Henry Leal, jefe de bancada del partido.
Desde el otro extremo, la diputada Alejandra Placencia (PC) defendió la iniciativa del Gobierno y respondió a los cuestionamientos. “Quienes se oponen a esta medida están protegiendo al crimen organizado y perpetuando la opacidad donde se esconden evasores y corruptos”, afirmó.
En paralelo, el Ejecutivo confirmó el ingreso de 45 indicaciones al proyecto, en medio de una tramitación legislativa que se anticipa compleja.