Conaf llega a su fin: Gobierno promulga el nuevo Servicio Nacional Forestal con énfasis en la prevención de incendios

El Sernafor, bajo dependencia del Ministerio de Agricultura, reemplazará a la Conaf y tendrá nuevas atribuciones para combatir incendios, fomentar bosques sustentables y fortalecer la industria forestal.

Este martes fue promulgada la ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), organismo que reemplazará oficialmente a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), fundada en 1973. La nueva entidad pública estará enfocada en la prevención y combate de incendios forestales, el desarrollo sustentable de los bosques y el fomento de la industria forestal, marcando un cambio estructural en la gestión del territorio forestal en Chile.

El Sernafor dependerá del Ministerio de Agricultura, tendrá carácter descentralizado, personalidad jurídica y patrimonio propio. A diferencia de la antigua Conaf, contará con mayores atribuciones, entre ellas, ingresar a predios y acceder a fuentes de agua sin necesidad de autorización previa del Estado Mayor Conjunto en casos de emergencias por incendios.

Entre sus principales funciones se encuentra la implementación del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Incendios Forestales, además de la formulación de planes regionales de protección y prevención, fiscalización con facultad de ministros de fe, y el control de plagas forestales no cubiertas por el SAG.

En paralelo, se pondrá en marcha un Consejo Consultivo Técnico y la elaboración de un catálogo nacional de especies arbóreas y arbustivas, nativas e introducidas, con sus respectivas exigencias de plantación, conservación y eficiencia hídrica.

Con la promulgación de esta ley, la antigua Conaf se dividirá en dos instituciones: el nuevo Sernafor, orientado al manejo forestal y productivo; y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que operará bajo el alero del Ministerio del Medio Ambiente.

La transformación responde a una demanda histórica por dotar a la gestión forestal de un organismo público con mayores facultades legales y técnicas, en un contexto de creciente riesgo climático y presión sobre los ecosistemas boscosos del país.