La Superintendencia de Salud busca acuerdos con aseguradoras para acortar los tiempos de devolución de excesos, tras críticas a los montos y plazos establecidos en la Ley Corta.
Esta semana será clave para resolver la controversia en torno a los plazos establecidos en la Ley Corta de Isapres, que fija hasta 13 años para que las aseguradoras privadas devuelvan los montos cobrados en exceso a sus afiliados. El Gobierno y el superintendente de Salud, Víctor Torres, trabajan en reducir estos tiempos, luego de la indignación pública por los irrisorios montos de algunas devoluciones, incluso inferiores a mil pesos.
En este contexto, Torres ha programado reuniones con representantes de todas las isapres para formalizar propuestas que permitan adelantar pagos. Hasta ahora, al menos tres aseguradoras han manifestado su voluntad de reducir los plazos y aumentar los montos de devolución, aunque estas propuestas aún no se oficializan.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió la Ley Corta como una herramienta para cumplir una sentencia judicial que buscaba evitar el colapso del sistema de salud privado. Sin embargo, desde el Congreso, parlamentarios como el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, han criticado que las isapres sigan optando por los plazos máximos permitidos, calificando esta práctica como abusiva. Latorre instó a las aseguradoras a presentar planes de pronto pago, una opción que permite acortar los tiempos con un descuento.
El Consejo Consultivo, encargado de proponer fórmulas para implementar la Ley Corta, ha sido citado a la comisión de Salud del Senado para explicar los criterios utilizados en la aprobación de los planes de pago. El senador Sergio Gahona (UDI), integrante de la comisión, expresó la necesidad de conocer detalles sobre la fijación de montos mínimos y las condiciones aprobadas.
Por su parte, el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, calificó las devoluciones como una «afrenta» y acusó a las isapres de faltar a la ética al establecer pagos mensuales de apenas $500 o $700, lo que ha generado una fuerte presión pública para que las aseguradoras mejoren sus propuestas.