“La integridad de nuestras autoridades locales no es negociable”, afirmó la senadora tras la aprobación unánime de la propuesta.
En el marco del debate en sala del proyecto de Seguridad Municipal, la senadora Yasna Provoste anunció un avance clave: el respaldo unánime del Senado para incorporar la obligación de un “test de drogas” para alcaldes y alcaldesas en todo el país, una medida que calificó como “una muralla china entre el narcotráfico y la política”.
Durante su intervención, la parlamentaria subrayó que, si se espera que los municipios asuman un rol más activo en la prevención del delito y en la lucha contra bandas criminales, es indispensable asegurar que sus autoridades no estén capturadas por estos grupos. “En Atacama, como en el resto del país, las familias estamos viviendo con temor y miedo a las bandas de delincuentes, a los narcos, al microtráfico de drogas que se toma poblaciones y barrios, pero también se toman espacios locales, penetran organizaciones sociales y existe el riesgo de que exista una cooptación de algunos municipios, como ya lo hemos visto”, señaló. Agregó que la advertencia de un alcalde de la Región Metropolitana sobre que “vamos camino a ser ciudad Juárez” refleja el riesgo real de que el narcotráfico impregne estructuras locales.
Provoste insistió en la urgencia de legislar para establecer controles efectivos y permanentes que separen la actividad municipal de las organizaciones criminales. En esa línea, agradeció la unanimidad de la sala para incorporar la exigencia de exámenes antidroga a las autoridades comunales, argumentando que “no es suficiente regular solo a los directores de seguridad, cuando quien contrata a todos los funcionarios municipales es el alcalde o la alcaldesa”.
La senadora también anunció que espera que la futura ley de probidad municipal considere la actualización semestral de las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades edilicias, como parte de las medidas destinadas a “construir murallas entre los narcos y la política local”, condición que, dijo, es indispensable para que los municipios sean protagonistas en la lucha contra el crimen organizado.