Mesa intersectorial en Atacama fortalece coordinación entre instituciones públicas para garantizar la atención integral de mujeres gestantes y madres privadas de libertad junto a sus hijos e hijas lactantes.
En la Región de Atacama, diversas instituciones del Estado se encuentran impulsando acciones destinadas a proteger los derechos de la primera infancia en contextos de privación de libertad, a través de la mesa intersectorial que coordina el trabajo con mujeres gestantes y madres que cumplen condena junto a sus hijos o hijas lactantes en recintos penitenciarios.
La instancia —liderada por el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay— reúne a representantes de la Defensoría Penal Pública, las seremis de Salud y Desarrollo Social, además del equipo técnico regional de Gendarmería de Chile, con el propósito de abordar de manera integral las necesidades y requerimientos de este grupo de especial protección.
El seremi Garay valoró el trabajo articulado desarrollado durante el 2025, destacando que esta coordinación permite garantizar el acceso a salud primaria, revisar permanentemente las condiciones de cumplimiento de sanciones, y reforzar los vínculos familiares durante el período de permanencia de los lactantes al interior de los penales.
“Se revisaron las principales acciones programadas para los últimos meses del año y los desafíos para 2026, entre ellos capacitaciones de la Seremi de Salud dirigidas a funcionarias y funcionarios de Gendarmería; revisión de causas y medidas cautelares; y el fortalecimiento del acceso a defensa post penitenciaria”, señaló la autoridad.
Garay agregó que también se evaluaron proyectos de infraestructura orientados a mejorar las condiciones de habitabilidad de las secciones lactantes de los centros penitenciarios de Copiapó y Vallenar, junto con la ejecución de programas como Abriendo Caminos, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, enfocado en acompañar a las familias en el proceso de reinserción y tránsito hacia el medio libre.
En Chile, las madres privadas de libertad pueden permanecer con sus hijos o hijas hasta los dos años de edad dentro de los establecimientos penitenciarios. En este sentido, la mesa intersectorial busca asegurar que ese periodo se desarrolle en condiciones dignas, seguras y con acceso a servicios de salud, educación y apoyo psicosocial, fortaleciendo así el enfoque de derechos y la corresponsabilidad institucional en la protección integral de la infancia en contextos de encierro.