Ambas autoridades de Atacama calificaron como una injusticia el rechazo a la admisibilidad del proyecto, que buscaba compensar a ciudades puerto como Huasco, Chañaral y Caldera.
La diputada por Atacama, Daniella Cicardini, y la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, expresaron su malestar tras la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados de declarar inadmisible el proyecto de royalty portuario. La iniciativa, impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, proponía que las empresas navieras pagaran un dólar por tonelada transferida, como compensación por los impactos que generan en las ciudades puerto.
Cicardini calificó la resolución como un “error político con graves consecuencias sociales”, señalando que el rechazo golpea directamente a comunas como Caldera, Huasco y Chañaral. “Hoy el Congreso mostró su peor rostro, porque a quienes principalmente afecta esta decisión es a la gente común, que pide justicia territorial. De eso se trata este proyecto de ley”, afirmó.
En la misma línea, la alcaldesa González, presidenta de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto Concesionados, sostuvo que la determinación constituye “una injusticia enorme”. “La injusticia del desarrollo de las ciudades no puede estar en función exclusiva del crecimiento económico de un país costero, que necesita una política portuaria moderna. Después no nos quejemos de que Perú desarrolla una estrategia más potente: allá sí pagan una tasa que queda en beneficio directo de sus ciudades”, advirtió.
Ambas autoridades coincidieron en que la discusión debe continuar. La diputada anunció la conformación de una bancada transversal para insistir en el tema, recordando que el royalty minero fue inicialmente declarado inadmisible pero terminó convertido en ley que hoy beneficia a 345 municipios.
“Aunque hoy no logramos la admisibilidad, no vamos a bajar los brazos en esta lucha. Exigimos al Ejecutivo que patrocine el proyecto y pediremos a los candidatos presidenciales definiciones claras sobre su respaldo”, sostuvo Cicardini.
Por su parte, González cerró señalando: “Si el royalty pudo ingresar para la minería, ¿por qué no puede hacerlo para los puertos públicos y privados? Si el Congreso no quiere legislar, llegaremos hasta el Presidente de la República a exigirle que ingrese el proyecto con urgencia, porque es necesario para la justicia de los pueblos costeros”.