La entidad valoró la protección ambiental, pero advirtió que la Ley 21.600 y la propuesta de norma de calidad del aire en la Cuenca del Río Huasco podrían frenar proyectos mineros y aumentar la incertidumbre regulatoria.
En medio de la discusión sobre recientes regulaciones ambientales, la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) manifestó su preocupación por los efectos que estas medidas tendrán en la industria local, particularmente en el sector minero.
El presidente de la entidad, Juan José Ronsecco, señaló que si bien reconocen “la protección del patrimonio natural y la calidad del aire, esenciales para el bienestar de la comunidad”, los nuevos marcos normativos “representan un desafío mayúsculo para la industria regional, particularmente para el sector minero”.
Entre las disposiciones cuestionadas se encuentra el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.600, que obliga a proyectos en sitios prioritarios de conservación a someterse a evaluaciones ambientales más exhaustivas, y el anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad del Aire para Material Particulado Sedimentable (MPS) en la Cuenca del Río Huasco, que fija límites más estrictos en un área mayor a la vigente.
De acuerdo con Ronsecco, estas exigencias implicarán “adaptaciones e inversiones no previstas por parte de las compañías”, lo que afectará tanto a proyectos en operación como a nuevas iniciativas, que enfrentarán procesos más complejos y mayor incertidumbre.
“Tal y como las conocemos, estas medidas agudizan la problemática de la región y representan un retroceso en los esfuerzos por estimular la inversión responsable”, afirmó, calificando la situación como un “diálogo de sordos” entre autoridades y actores regionales.
La corporación recordó que ha advertido sobre estos impactos a nivel local y nacional, sin lograr hasta ahora instancias de apertura para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.
“El desarrollo económico y la protección ambiental no son objetivos excluyentes”, enfatizó Ronsecco, quien llamó a las autoridades a trabajar en conjunto con el sector privado para equilibrar competitividad, inversión y sustentabilidad.
“Nuestro marco regulatorio no puede ser una competencia por quién tiene la razón, sino una suma de voluntades para lograr un desarrollo sostenible y empatizar con las necesidades de los habitantes de las regiones”, concluyó.