Sebastián Fergadiotti López
Seremi Vocero de Gobierno Atacama
El pasado 7 de agosto se conmemoró una fecha significativa para quienes desempeñan labores de dirigencia social y comunitaria. Juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, comunidades indígenas, comités de vivienda y muchas otras organizaciones cumplen un rol esencial: ser el puente entre las instituciones del Estado y las comunidades, canalizando sus anhelos y demandas.
Es indispensable valorar la labor que miles de dirigentes y dirigentas realizan día a día en los barrios y territorios de Atacama y de todo el país. Ellos son la voz activa de cada socio y socia, movilizando y empujando los cambios que sus comunidades necesitan.
Desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno existe un trabajo permanente de reconocimiento y vínculo con estas organizaciones, entendiendo que son espacios fundamentales para el ejercicio de la participación ciudadana y la defensa de los derechos sociales conquistados.
El ejercicio de la dirigencia social no tiene horario: muchas veces implica disponibilidad las 24 horas del día, especialmente en situaciones de emergencia o temas de seguridad. Esto supone sacrificar tiempo personal y familiar para dedicarlo a tareas comunitarias que, en ocasiones, exponen a riesgos como amenazas o agresiones. Lamentablemente, en ciudades como Vallenar y otras localidades, ya se han registrado casos de este tipo, sobre todo cuando dirigentes trabajan activamente para mejorar la seguridad de sus barrios.
Este tipo de violencia es inaceptable. No solo debe preocuparnos, sino que debe movilizarnos a proteger a quienes son promotores del bien común y garantes de la participación ciudadana: los verdaderos guardianes de la democracia.
Hoy lunes 11 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados —junto a los representantes legislativos de Atacama— tendrá la responsabilidad de votar el Proyecto de Ley de Protección a Dirigentes Sociales. Esta iniciativa, respaldada por el Gobierno, modifica el Código Penal para establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en delitos de amenazas, lesiones y homicidio cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos. En otras palabras, busca aumentar las penas para quienes agredan a quienes cumplen este rol.
Como Vocería de Gobierno en la región de Atacama, hacemos un llamado a aprobar y dar celeridad a este proyecto. Proteger a nuestros dirigentes sociales es una tarea que involucra a todo el Estado, porque son ellos y ellas la base misma del concepto de “democracia”. Una democracia sólida requiere de una dirigencia activa, con un rol central en la construcción de un Chile participativo, con un tejido social robusto que permita mejorar la calidad de vida en nuestros territorios y comunidades.