La fiscal Paz Escobar aseguró que existen pruebas suficientes para levantar el fuero del imputado y continuar con la investigación por abuso sexual. Sernameg intervino como parte querellante en representación de la denunciante.
El pasado viernes, la Corte de Apelaciones de Copiapó desarrolló la audiencia en la que la Fiscalía de Atacama argumentó los antecedentes que respaldan la solicitud de desafuero del Gobernador Regional, investigado por el delito de abuso sexual. La diligencia contó con la intervención del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) como parte querellante.
En representación del Ministerio Público, concurrieron la fiscal de la Unidad de Causas Complejas, Paz Escobar, y el coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, Juan Fernández. En la audiencia, Escobar expuso los medios de prueba reunidos en la investigación, asegurando que “en opinión del Ministerio Público los antecedentes sustentan en forma contundente la solicitud de desafuero del Gobernador Regional. Esta petición tiene por objeto levantar el privilegio que la Constitución concede a algunas autoridades, entre ellas el imputado, que condiciona la posibilidad de solicitar medidas cautelares en su contra al cumplimiento de ciertos requisitos y estándares que, en nuestra opinión, se han satisfecho”.
La fiscal subrayó que “este no es un juicio de culpabilidad, ni es asimilable a una acusación, sino el cumplimiento de la autorización de la Corte de Apelaciones para continuar con el proceso, que no está aún zanjado”.
Tras la audiencia, que se extendió por cerca de dos horas, la directora regional del Sernameg Atacama, Camila Tapia, destacó: “Estamos muy tranquilas con el trabajo realizado por el área legal del Sernameg, que ha representado a la denunciante durante este proceso. Reafirmamos nuestro compromiso con el acceso a la justicia para todas las mujeres y confiamos en que este procedimiento avanzará con la seriedad y responsabilidad que corresponde. Nuestro rol es acompañar, proteger y garantizar que ninguna mujer esté sola frente a hechos de violencia, y lo continuaremos haciendo con la denunciante”.
La investigación de la Fiscalía, desarrollada junto a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, comenzó en marzo de este año tras la denuncia de la víctima, iniciándose la recolección de evidencia y el acompañamiento por parte de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos.
La fiscal Paz Escobar indicó que, tras la exposición de los antecedentes, los intervinientes quedarán a la espera de la resolución de los ministros de la Corte, confiando en que se acogerá la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.