Por Sebastián Fergadiotti López, Seremi de Gobierno de Atacama
Cada 7 de agosto conmemoramos el Día Nacional de la Dirigencia Social y Comunitaria, fecha que recuerda la publicación de la Ley N° 16.880 sobre Organizaciones Comunitarias en 1968. Más allá de una efeméride legal, esta jornada es un reconocimiento profundo a quienes, muchas veces desde el anonimato y sin recursos suficientes, sostienen el corazón de nuestras comunidades: las dirigentas y dirigentes sociales.
Su labor es constante, silenciosa y profundamente comprometida con los territorios que habitan. En momentos de emergencia, durante procesos de reconstrucción o en la defensa de derechos básicos, las dirigencias sociales están siempre presentes. Son el primer eslabón entre las necesidades reales de la ciudadanía y las respuestas institucionales; quienes levantan la voz cuando aún no llegan los apoyos formales.
Este mes, bajo el lema “Liderazgos que transforman”, como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, rendimos homenaje a quienes entregan su tiempo, energía y vocación al servicio del bien común. En una sociedad donde a veces prima el individualismo, la dirigencia social representa un acto concreto de compromiso colectivo y amor por la comunidad.
No hay horario ni remuneración. Muchas veces se trata de una vocación heredada; otras tantas, nace de una necesidad urgente. Desde juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones culturales o comités de vivienda, las dirigencias impulsan espacios de encuentro que permiten unir a personas diversas, movilizar voluntades y cambiar realidades.
La dirigencia social cumple un rol clave en el fortalecimiento democrático: conecta a la ciudadanía con el Estado, canaliza demandas y participa activamente en la incidencia de políticas públicas. Las leyes N° 19.418 y N° 20.500, así como la propia Constitución, reconocen este papel como pilar de la participación ciudadana.
Sin embargo, sabemos que muchas veces este compromiso se ejerce en condiciones precarias o incluso riesgosas. Hoy, no es infrecuente que dirigentes y dirigentas enfrenten amenazas o agresiones, especialmente cuando abordan temas sensibles como la seguridad o el acceso a derechos. Esta situación no solo vulnera su integridad, sino que debilita la democracia y contraviene los estándares internacionales de protección para defensores de derechos.
Por ello, como gobierno hemos impulsado con fuerza la tramitación de los boletines N° 11.948-07 y N° 12.926-07, actualmente en discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados. Estas iniciativas buscan establecer agravantes penales para los delitos cometidos contra dirigentes sociales en el ejercicio de sus funciones, reconociendo la importancia de resguardar su labor desde un enfoque de derechos y de fortalecimiento institucional.
Avanzar en marcos legales que protejan su ejercicio no es solo un acto de justicia, es una tarea ineludible para cualquier Estado que promueva una democracia robusta y participativa. Cuando una dirigencia está mejor protegida y capacitada, toda su comunidad también lo está.
En este mes, celebramos a quienes hacen posible la participación desde los territorios. A quienes creen que transformar el entorno es posible. A quienes no se rinden, aun cuando las condiciones no acompañen. Porque sin las dirigencias sociales, simplemente, no hay Chile que se sostenga.