La nueva ley, impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, incorpora nombramientos por Alta Dirección Pública, límites etarios, fiscalización del Sernac y acceso digital a los servicios.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay, destacó la aprobación de la reforma al Sistema Notarial y Registral, una iniciativa clave en la agenda de modernización del Estado que busca fortalecer la transparencia, la fiscalización y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Tras más de seis años de tramitación legislativa, la norma permitirá actualizar de manera orgánica y funcional el sistema de notarías, conservadores y archiveros, incorporando estándares claros en el proceso de selección, funcionamiento y supervisión.
Entre los cambios estructurales, la ley establece que los nombramientos se realizarán mediante concursos públicos a través del Sistema de Alta Dirección Pública, eliminando los cargos vitalicios e imponiendo un límite de edad de 75 años para ejercer funciones. También se prohíbe la inclusión de familiares de ciertas autoridades en las nóminas de selección y nombramientos.
“El proyecto establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios claros de funcionamiento, condiciones sobre soporte digital y, por cierto, fortalece la fiscalización a notarías, archiveros y conservadores de todo el país”, señaló el seremi Tomás Garay.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el fortalecimiento del control ciudadano: el Sernac será incorporado como organismo fiscalizador, con facultades para supervisar la calidad del servicio y canalizar denuncias sobre atención deficiente, cobros irregulares u otros problemas.
La modernización también contempla digitalización del sistema y acceso remoto gratuito a registros y plataformas informativas, junto con mejoras en la infraestructura física y tecnológica de las oficinas, estableciendo requisitos mínimos de equipamiento y atención obligatoria al público.
Finalmente, se fijarán precios máximos para los trámites notariales, definidos mediante un procedimiento técnico a cargo de los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía, lo que permitirá transparencia tarifaria y protección a las personas usuarias.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será enviada al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.