El pleno de la Corte Suprema tomó la determinación de activar un procedimiento para que los morosos que forman parte de la magistratura se pongan al día con sus deudas del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). La decisión surgió después de que la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, llevara la información de los judiciales morosos al pleno el pasado 6 de abril.
Chevesich tuvo conocimiento de la situación de funcionarios del Poder Judicial que aparecen en la base de datos pública del CRUCh como morosos del FSCU. El tema cobró relevancia luego de un reportaje de Mega que reveló la cantidad de empleados del Estado en deuda por sus estudios universitarios.
En esa primera sesión, los magistrados instruyeron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) analizar los datos con el objetivo de tener un listado oficial. La directora (S) de la CAPJ, Andreina Olmo, cruzó las bases de datos de los funcionarios del Poder Judicial con la base de datos pública del Cruch.
El análisis realizado por la CAPJ concluyó que “se detectaron 1.265 que reciben sueldo fiscal, y 67 que no lo reciben, así como personas que se desempeñan como abogados integrantes en diferentes cortes, correspondiente al año 2026” en calidad de morosidad. Con esta información depurada, Chevesich volvió a enviar los antecedentes al pleno el 24 de abril.
Pleno aprueba carta con apercibimiento para deudores
En la resolución de ese pleno, se dejó constancia que “debido al carácter oficial del listado, y las exigencias de conducta que nos asiste por nuestra condición de funcionario público, se acordó que la presidenta de esta Corte remita una carta a cada una de las personas referidas instándolas a pagar la deuda o a arribar a un acuerdo de pago con la institución que corresponda, lo que deberán efectuar a más tardar el día 31 de mayo del año en curso”.
Tomando ese acuerdo, Chevesich procedió a enviar la misiva que empezó a llegar a los judiciales a inicios de esta semana. Según la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, en la carta se señalaba “los términos de la resolución adoptada bajo el análisis de las obligaciones éticas y de probidad de los funcionarios públicos”.
La presidenta pidió adjuntar, antes de que termine mayo, “el documento que dé cuenta de la solución de la deuda o del acuerdo de pago arribado”. Todo eso se debe enviar mediante un escrito a un correo especialmente destinado a este efecto “bajo el apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes”.
La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial aclaró que “una vez recabada esa información, se pondrá nuevamente en conocimiento de la Corte Suprema para que se adopten las decisiones que parezcan pertinentes, después de analizar la situación expuesta por cada funcionario”.
El presidente de la APRAJUD, Mario Aguilar, acusó una permanente percepción de persecución hacia trabajadores del sector público y solicitó una prórroga de tres meses.
Ahora queda esperar a ver si la Corte Suprema tenderá la mano a la solicitud del gremio de trabajadores, o si se mantendrá firme con la medida para los deudores.