Atacama dio este miércoles un paso concreto para enfrentar uno de sus problemas ambientales más complejos: la intervención de 138 pasivos ambientales mineros distribuidos en la región. En el frontis del Edificio del Consejo Regional se realizó la presentación y firma del Convenio de Colaboración y Cooperación Intersectorial, instancia que busca coordinar a distintos servicios públicos para abordar de manera integral los relaves, con foco en la protección de la salud de la población.
La iniciativa reúne al Gobierno Regional, seremis de distintas carteras y otros organismos sectoriales, en una señal que apunta a dejar atrás el trabajo fragmentado y avanzar hacia una estrategia común. La seremi de Vivienda y Urbanismo, Rocío Díaz, explicó que este hito es fruto de una mesa que viene funcionando hace tiempo y que hoy comienza a tomar forma concreta.
Uno de los principales obstáculos ha sido la condición de propiedad de estos relaves, que se encuentran en pertenencias mineras privadas. Por ello, el trabajo contempla abrir espacios de diálogo con los propietarios para concordar acciones que permitan intervenir los sitios más críticos, con foco en la comuna de Copiapó para iniciar este proceso.
El gobernador regional, Miguel Vargas, valoró la coordinación lograda entre las instituciones y reconoció que la presencia de relaves, especialmente en sectores urbanos, es una de las grandes preocupaciones ambientales de Atacama.
En paralelo, se están desarrollando estudios técnicos para caracterizar con mayor precisión cada relave. La Universidad de Atacama ingresó una iniciativa al Fondo Regional de Productividad y Desarrollo financiado con recursos del Royalty y también existen trabajos impulsados por otras casas de estudio, antecedentes que serán clave para la toma de decisiones.
Desde la Seremi de Minería, su titular, Juan Carlos Peña, recalcó que este proceso se enmarca en una agenda nacional de relaves 2025-2026 y en modificaciones al Decreto Supremo 248, actualmente en proceso de toma de razón, además de la aplicación de la Ley de Bases del Medio Ambiente y la Ley de Cierre de Faenas Mineras, que regulan los depósitos actuales y futuros.
Las autoridades coincidieron en que el desafío es grande y que no será un proceso inmediato. Sin embargo, la firma de este convenio marca el inicio de una etapa que busca traducir la voluntad política en acciones concretas, con el objetivo de reducir los riesgos, mejorar la calidad de vida de la población y avanzar en una solución definitiva para los relaves que por décadas han sido parte del paisaje y la preocupación en Atacama.