Tras la suspensión de la Ley Ricarte Soto, miles de pacientes ven afectada la continuidad de sus tratamientos de alto costo, .
Ante esto, el senador Juan Luis Castro presentó un requerimiento formal ante la Contraloría para que se revise la legalidad de esta medida.
La ley se encuentra paralizada de forma indefinida desde el 23 de diciembre pasado, deteniendo la evaluación de al menos 39 tratamientos ya admitidos.
Según se indicó, la causa correspondería a la falta del informe presupuestario obligatorio por parte de la Dirección de Presupuestos, sin plazos ni cronograma público para su entrega, algo que fue cuestionado por pacientes afectados.
El senador Juan Luis Castro, quien forma parte de la Comisión de Salud, exigió el pronunciamiento del ente fiscalizador y advierte que se está vulnerando la continuidad de una política pública permanente que deja a la deriva a más de 30 mil pacientes.
El requerimiento busca que Contraloría revise la legalidad de la suspensión indefinida y que se oficie a Hacienda y al Ministerio de Salud para reactivar el proceso y entregar certezas a los pacientes.