Se entrega gendarme vinculado a red de corrupción carcelaria y cifra de funcionarios detenidos asciende a 45

Un funcionario de Gendarmería de Chile se entregó al Departamento de Investigación Criminal de la institución en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”, procedimiento que permitió desarticular una red de corrupción carcelaria que operaba en los centros penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín. Con esta entrega, la cifra de funcionarios detenidos aumentó a 45.

El gendarme involucrado fue identificado como Juan Gutiérrez Acuña, cuya entrega elevó a 67 el total de personas detenidas tras el masivo operativo, que incluyó órdenes vigentes y detenciones en flagrancia.

Respecto de los funcionarios de Gendarmería vinculados a la investigación, aún resta un gendarme por capturar, en el marco de las 42 órdenes de detención emitidas contra personal de la institución. El procedimiento consideró allanamientos simultáneos en las regiones Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins.

De los gendarmes detenidos, cuatro fueron aprehendidos en flagrancia al interior del penal Santiago 1. Todos los imputados, incluido Gutiérrez Acuña, serán formalizados este viernes 19 de diciembre ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho —simple y agravado— y soborno.

Según los antecedentes de la investigación, los funcionarios recibían pagos de grupos criminales para permitir el ingreso de personas conocidas como “manillas”, quienes introducían al recinto penitenciario teléfonos celulares, drogas, alcohol, chips, ropa, alimentos y otros elementos prohibidos.

Tras conocerse el caso, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma profunda a Gendarmería, que contempla la separación de las funciones de seguridad pública y reinserción social, pasando la institución a depender del Ministerio de Seguridad Pública.

La medida generó reacciones desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), entidad que manifestó su rechazo al anuncio, cuestionando la falta de diálogo previo con las y los trabajadores del sistema penitenciario.