Un ambiente inquietante y polémico, es el que se describe y acontece en Vallenar, tras revelarse una serie de antecedentes y presuntas irregularidades, en el proceso de designación del nuevo notario interino de la Segunda Notaría de la ciudad (según fuentes internas, habría documentos, denuncias y resoluciones judiciales que alertan posibles y escandalosas irregularidades).
Nuestro medio de comunicación, en forma exclusiva, tuvo acceso a los documentos, los cuales acrecientan dudas en el procedimiento, particularmente, en materia legal, jurídica y administrativa, en consecuencia, inquietud ante la opinión pública en el marco legal, vinculado a los principios de probidad y transparencia. «Genera dudas razonables respecto de obstrucciones y enfática preferencia en favor, del recientemente asumido, notario interino, el cual, según fuentes expresas, no debería regir en la provisión del puesto y es trascendental, por el bien de la ciudadanía, que, se investigue y en caso de ser irregular, se sancione bajo el marco de la legalidad».
Según la causa N°___ Pleno Y Otros Adm-46-2026, «antes del llamado público, a dicho cargo, y antes de publicar y publicitar las bases de dicha función, en términos formales y con su respectiva y amplia difusión; el ex Intendente de Atacama, abogado, Patricio Urquieta García (RN), se presentó en dependencias de la notaría, expresando que, asumiría funciones como el nuevo Notario interino. Aunque parezca insólito, incluso, de manera presunta, asistió durante algunos días para cerciorarse del funcionamiento del recinto».
«Dicha circunstancia fue interpretada, por distintos actores, como una eventual señal de irregularidad, provista de información, en consecuencia, poder, previo al concurso, en consecuencias previas a la designación oficial».
«Luego de una semana, de estos presuntos anuncios realizados por el aludido, que, por cierto, de ser comprobados, revisten de total irregularidad y una falta grave a la ética y al juramento que todo abogado debe realizar para obtener su título profesional; se habría efectuado un concurso, de carácter extremadamente abreviado (sobre todo para un cargo de este nivel) y con un plazo de postulación de, tan sólo, tres días (desde el 23 y hasta, el 26 de enero); y además, con una escasa difusión, que sólo se restringe a plataformas internas del Poder Judicial y no a medios de comunicación radial, escritos, televisión o digitales regionales y nacionales».
Estos argumentos no dejan indiferentes a la opinión pública, ya que, se presume: poco tiempo en la difusión del concurso y poco plazo para el proceso de postulación, en consecuencia, poca presencia de postulantes y un impedimento de forma y fondo, para que abogados externos o interesados, lograran participar/postular.
Sin perjuicio de lo anterior, se realizó una denuncia, el lunes 26 de enero de 2026, donde desde ya se temía que el tribunal intentaría convalidar su actuar con este concurso, dando cuenta que hubo un llamado, un anuncio, una publicidad, una entrevista y candidatos, lo cual al parecer fue convocado meramente para cumplir con la formalidad y poder rendir a la Corte un supuesto cumplimiento legal. Es así, como el propio decreto dictado por el tribunal local deja constancia de que se recepcionaron postulaciones y, finalmente, se designó al referido abogado Patricio Guillermo Hugo Urquieta García como notario interino, quien debía asumir de inmediato por razones de servicio. Sorprendiendo que, al día siguiente, ya se encontraba en toda condición para asumir.
No obstante, para diversos profesionales del foro, un proceso con plazos no anunciados, con difusión restringida y con una decisión ya tomada, no solo dificulta la participación real, sino que compromete principios básicos de transparencia administrativa, alimentando la percepción de que se trató de una convocatoria meramente formal destinada a validar una decisión ya adoptada.
La situación fue puesta en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Copiapó, la que resolvió solicitar informes al Segundo Juzgado de Letras de Vallenar para que explique detalladamente cómo se comunicó la designación, qué bases rigieron el concurso, cuáles fueron los plazos efectivos y qué mecanismos de difusión se utilizaron, fijando un breve término para evacuar dichos antecedentes. Con ello, el Tribunal de Alzada busca determinar si el procedimiento se ajustó a derecho o si corresponde dejarlo sin efecto y ordenar una nueva convocatoria que garantice mayor publicidad y competencia abierta, además, de la debida inhabilitación para este caso, de la jueza a cargo del Segundo Juzgado de Letras de Vallenar.
Mientras se desarrolla esta revisión, persisten interrogantes ante la opinión pública, sobre el origen de la instrucción del nombramiento y sobre si existieron, presuntas, coordinaciones previas que pudieran haber favorecido indebidamente al designado. En el medio jurídico local, de manera presunta, se habla incluso de un “secreto a voces” respecto de quién asumiría el cargo, lo que ha llevado a plantear la necesidad de esclarecer si se está frente a simples deficiencias administrativas o a eventuales responsabilidades de mayor entidad, como favoritismos, tráfico de influencias, cohecho u otras presuntas irregularidades que deberán ser investigadas por las instancias correspondientes. Resonando con más fuerza que nunca, los casos a nivel nacional que pesan sobre el poder judicial.
La controversia ha reabierto el debate sobre la importancia de que, los nombramientos notariales se conduzcan con reglas más rigurosas, públicas y verificables, cubiertas de probidad y transparencia, considerando el rol que estas oficinas cumplen en la fe pública, el comercio y la seguridad jurídica de la ciudadanía. Por ahora, la decisión definitiva queda en manos de la Corte, cuya resolución podría, no solo definir el futuro del actual interinato, sino también, sentar un precedente relevante sobre los estándares de transparencia que deben observarse en este tipo de designaciones en la región.