El próximo domingo 14 de diciembre, nuestro país vivirá una nueva jornada electoral. Esta vez, en segunda vuelta, elegiremos al próximo presidente o presidenta de la república. Desde el gobierno y como corresponde, hemos generado todas las coordinaciones necesarias para asegurar el buen desarrollo de lo que debe ser una verdadera fiesta democrática, en la que el Servicio Electoral como ha sido históricamente, cumple un destacado rol. Asegurando la transparencia y legitimidad de lo que determinan las urnas.
Es deber entonces de las ciudadanas y ciudadanos, informarse adecuadamente para determinar de manera libre y secreta, que opción es la que mayor garantía le da para encabezar el futuro de Chile. Sin embargo, como en muchos países, el balotaje se da a pocas semanas de la elección general. En nuestro caso con menos de un mes de diferencia, permitiendo solo 12 días de campaña legal. Frente a esto, las entrevistas y por supuesto los debates son fundamentales para que los electores puedan conocer en detalle que es lo que representa cada opción; que valores promueve y cuáles son las principales medidas que llevarán adelante en caso de ser gobierno.
En ese marco, el rol de la prensa es un elemento central y es deber de todos velar porque se asegure a las y los periodistas poder realizar su función sin ningún tipo de condiciones más allá del necesario compromiso con la veracidad de los hechos que difunden. Por eso preocupa lo que hemos visto las últimas semanas por parte de personeros de la oposición, que frente a algunas preguntas “incomodas” han respondido con verdaderos ataques a sus interlocutores o derechamente interrumpiendo la entrevista. Siendo quizá lo más alarmante lo ocurrido con el destacado periodista Rafael Cavada, por la cobertura que este realizó en la frontera con Perú. Y es que no solo ha sido acusado frente al Consejo Nacional de Televisión por parte de una diputada. Incluso el ex diputado de la UDI, Gustavo Hasbún ha hecho un llamado a acusar a Cavada por sedición y aplicar la ley de seguridad interior del Estado, marcando un claro intento por censurar el trabajo de los medios de comunicación.
Qué pueden esperar entonces los chilenos y chilenas de un sector político que no entiende lo fundamental que es la libertad de prensa para el desarrollo de nuestra democracia o de un candidato presidencial que elude los debates para no dar cuenta de sus verdaderas ideas por temor a perder apoyo. Las autoridades y sobretodo quienes aspiran a la primera magistratura de la nación deben tener claro que es sano someterse al escrutinio ciudadano y que no puede haber temas de interés público que estén vetados.
Cuando no se responde con claridad o se interpela al adversario en base a fake news, lo que se pretende finalmente es engañar al electorado y eso va en contra de una sana convivencia democrática, en tanto impide que los ciudadanos emitan su sufragio de manera informada, consciente y responsable, que es justamente lo que el país demanda hoy.