Empresas de los grupos Luksic y Errázuriz, junto a Aguas Andinas y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), advierten sobre falta de diálogo, inseguridad jurídica y riesgo para la actividad productiva.
Una fuerte controversia ha surgido entre el sector privado y el Gobierno tras la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente de declarar 99 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, medida que afectaría más de cuatro millones de hectáreas a nivel nacional. La iniciativa forma parte de la implementación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), pero ha sido duramente cuestionada por gremios agrícolas, sanitarios y mineros, que acusan improvisación y ausencia de participación ciudadana.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, manifestó su inquietud ante lo que calificó como una “numerosa normativa ambiental” derivada de la nueva ley. Según explicó, en los últimos 15 meses la SNA ha debido analizar 15 reglamentos y documentos técnicos relacionados con biodiversidad, lo que —a su juicio— refleja un proceso apurado y sin diálogo efectivo con los sectores productivos.
Walker advirtió que, aunque el gremio comparte el objetivo de proteger el entorno, el mecanismo elegido por el Ministerio del Medio Ambiente “carece de transparencia, participación efectiva de los propietarios y certezas jurídicas”, generando riesgos de conflictos y afectaciones especialmente para pequeños y medianos agricultores.
Desde el sector minero, compañías vinculadas a los grupos Luksic y Errázuriz también expresaron reparos, señalando que varios de los polígonos propuestos se superponen con concesiones mineras en evaluación, lo que podría hacer inviables proyectos estratégicos en el norte del país.
Aguas Andinas, en tanto, advirtió que más de 50 instalaciones críticas del sistema sanitario —como plantas de tratamiento y captaciones de agua— se encuentran dentro de los sitios propuestos, lo que podría limitar las operaciones esenciales y poner en riesgo el suministro de agua potable y saneamiento para la población.
Los gremios solicitaron al Ministerio del Medio Ambiente suspender temporalmente la iniciativa hasta que se publique el reglamento definitivo de la Ley SBAP y se establezcan instancias de diálogo con los sectores involucrados. Según señalaron, avanzar sin esas garantías podría comprometer tanto la efectividad de las políticas de conservación como la estabilidad de actividades económicas clave para el país.