La parlamentaria por Atacama criticó duramente la propuesta del Ejecutivo para el Presupuesto 2026, que elimina 28 programas públicos —en su mayoría sociales— y advirtió que la medida dejará sin apoyo a miles de familias en el país.
La diputada Sofía Cid (RN) manifestó su rechazo al proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno, al considerar que debilita la política social y traslada la responsabilidad a la próxima administración, tras eliminar 28 programas públicos, la mayoría de ellos con foco en el apoyo social y con evaluaciones positivas.
“Eliminar 28 programas sociales sin una alternativa clara no es racionalización, es abandono. Y ahora el gobierno pretende traspasar la responsabilidad a la próxima administración. Eso no es serio ni responsable”, afirmó la parlamentaria.
Según el informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el 39% de los programas afectados pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo iniciativas como Buen Trato al Adulto Mayor, Envejecimiento Activo, Educación Financiera y el Plan Nacional de Tutorías.
Cid recalcó que estas medidas afectarán directamente a miles de familias, señalando que “estos no son programas simbólicos, sino herramientas concretas que han entregado apoyo real a las personas. Eliminar ese acompañamiento sin una transición ordenada ni propuestas equivalentes es dejar a las familias desprotegidas en un momento complejo”.
La legisladora advirtió que regiones como Atacama serán las más perjudicadas por la medida, dada la limitada cobertura estatal en el territorio: “En Atacama, los servicios del Estado muchas veces no dan abasto. Eliminar estos apoyos es desconocer la realidad regional y profundizar aún más la desigualdad territorial”.
Asimismo, cuestionó la falta de coherencia del oficialismo, señalando que “mientras acusan a otros sectores de querer recortar beneficios sociales, ellos lo están haciendo desde el gobierno, y de forma anticipada. La incoherencia es evidente”.
Finalmente, Cid anunció que presentará indicaciones para reorientar los recursos hacia los programas con mayor impacto social, y advirtió que el actual diseño presupuestario busca condicionar a las futuras autoridades.
“Este presupuesto no solo debilita las políticas sociales efectivas, sino que intenta dejar atadas de manos a las próximas administraciones. En un eventual gobierno de José Antonio Kast, vamos a poner orden en el Estado, pero con sentido común: eliminando el despilfarro, no los programas que funcionan. Chile necesita un Estado eficiente, no uno grande e ineficaz”, concluyó.