A diez años del inicio de las investigaciones, el proceso judicial por aportes irregulares y delitos tributarios llega a su desenlace. El veredicto se conocerá esta semana.
El denominado Caso SQM (Soquimich) se acerca a su cierre definitivo luego de diez años de investigación y más de 550 audiencias de juicio oral. Se trata de una de las causas más emblemáticas de la historia judicial chilena, centrada en el financiamiento ilegal de la política mediante el uso de boletas y facturas ideológicamente falsas, emitidas por personas naturales y empresas para canalizar recursos desde la minera no metálica hacia campañas políticas.
El caso se originó en 2014, tras detectarse pagos irregulares desde Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a políticos y asesores de distintos sectores, sin respaldo en servicios prestados. La investigación liderada por el Ministerio Público determinó que esos recursos se habrían utilizado para financiar actividades y campañas electorales, burlando la normativa tributaria y la Ley de Financiamiento Electoral vigente en la época.
Entre los principales imputados figuran el exsenador UDI Pablo Longueira, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, además de exasesores, dirigentes políticos y colaboradores cercanos de los acusados.
El juicio oral comenzó en febrero de 2023 y ha sido uno de los más largos y costosos del sistema judicial chileno. La Fiscalía presentó cargos por cohecho, soborno y delitos tributarios, mientras que las defensas han sostenido que las imputaciones carecen de fundamento.
La Fiscalía solicitó hasta nueve años de presidio para Contesse, considerado el principal responsable de las operaciones que permitieron desviar fondos hacia la esfera política. El tribunal deberá resolver si existieron delitos y determinar eventuales condenas o absoluciones.
El veredicto final se conocerá esta semana, marcando el cierre de una década de indagaciones que reveló la estrecha relación entre empresas privadas y el financiamiento de la política en Chile, impulsando posteriores reformas legales que endurecieron la regulación de aportes y transparencia en campañas.