Un estudio de la consultora Colliers estimó que el fisco necesitaría invertir cerca de US$1.600 millones para adquirir los suelos ocupados por más de 120 mil familias en 1.428 campamentos a lo largo del país.
La crisis habitacional en Chile se mantiene como uno de los principales desafíos sociales, marcada por los desalojos de tomas de terreno y las dificultades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para cumplir con los pagos del Programa de Emergencia Habitacional. En ese contexto, la consultora inmobiliaria Colliers elaboró un análisis que estima el costo que tendría para el Estado comprar todos los terrenos actualmente ocupados por campamentos.
Según el estudio, y considerando variables como ubicación, normativa y potencial de desarrollo urbano, el valor total ascendería a cerca de US$1.600 millones. El cálculo se basó en la distribución de los asentamientos informales y el valor del suelo en las principales regiones del país.
Actualmente, existen alrededor de 120 mil familias viviendo en 1.428 campamentos, de acuerdo con cifras de Techo Chile, ocupando unas 6.400 hectáreas de terreno. La mayoría de estos asentamientos se concentra en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Biobío, Metropolitana y Valparaíso, siendo esta última la que reúne aproximadamente un 25% del total.
El informe detalla que los terrenos ocupados son diversos: algunos se ubican en zonas urbanas con buena normativa, lo que eleva su valor de mercado; otros se encuentran en áreas rurales con bajo potencial de desarrollo, y también hay sectores de riesgo, como quebradas o zonas propensas a inundaciones, donde la única solución viable sería la reubicación.
La consultora estimó que, mediante una planificación responsable y proyectos debidamente urbanizados, las familias podrían reubicarse en unas 3.200 hectáreas, es decir, en la mitad de la superficie actualmente ocupada. Este enfoque permitiría optimizar el uso del suelo, favorecer la densificación habitacional y liberar terrenos de alto valor para otros fines productivos o residenciales.
El análisis también plantea la necesidad de establecer criterios de priorización claros para la entrega de viviendas, considerando tanto a las familias que viven en campamentos como a quienes se encuentran en registros oficiales y han esperado por soluciones habitacionales a través de los canales formales del Estado.