Mientras zonas afectadas por la contaminación aún carecen de servicios básicos, municipios como Huasco y Chañaral han destinado parte de los recursos del Royalty Minero a festivales y eventos culturales financiados con fondos creados para mitigar los impactos de la actividad minera.
El Royalty Minero, impuesto que grava las utilidades de las grandes empresas productoras de cobre, comenzó a distribuirse en 2024, inyectando más de $93 mil millones a 306 comunas del país. De ese total, $20 mil millones fueron asignados al Fondo Común Minero (FCMI), dirigido a territorios directamente afectados por la minería.
En la Región de Atacama, los municipios de Huasco y Chañaral figuran entre los que han recibido recursos de este fondo. Sin embargo, parte de su utilización ha generado debate sobre la pertinencia del gasto, según reveló un reportaje de CIPER Académico, elaborado por los periodistas Benjamín Chávez y Franco Ducret.
En Huasco, el municipio destinó más de $74 millones del Royalty Minero a espectáculos y actividades de entretenimiento. Entre ellos, $25.585.000 se utilizaron para financiar la presentación del grupo Noche de Brujas en el aniversario comunal, mientras que otros $21.420.000 fueron invertidos en la actuación del músico argentino Willy Iturri, y $27.370.000 en los shows de Shamanes Crew y Los Pincheiras del Sur durante el Festival del Velero 2024.
Estas celebraciones se realizaron en una comuna donde sectores como Carrizal Bajo, con poco más de 180 habitantes, continúan sin acceso estable a agua potable ni alcantarillado. Huasco fue declarada zona latente por contaminación atmosférica, producto de las emisiones de la Central Termoeléctrica Guacolda, a la que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló ocho cargos en 2023 por incumplimientos ambientales y muerte de aves marinas.
En Chañaral, en tanto, se destinaron $17 millones del Royalty Minero a la producción de la obra teatral Peter Pan, presentada gratuitamente para la comunidad. No obstante, el mismo monto habría permitido financiar más de 300 exámenes de detección de plomo en sangre, considerando su valor de $56.966 + IVA según el Instituto de Salud Pública (ISP). Estudios de la Universidad de Chile entre 2011 y 2014 ya habían detectado presencia de plomo, arsénico, cobre y zinc en el polvo ambiental de escuelas locales.
El senador Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social), uno de los autores de la ley del Royalty, recordó que aunque los municipios tienen libre disposición sobre los fondos, “su espíritu es compensar las externalidades de la minería en la salud y el medio ambiente de las comunidades afectadas”.
El ingeniero en Medioambiente Han Hube señaló, por su parte, que “la minería muchas veces no solo impacta el lugar donde se extrae, sino todo su entorno; por eso estos recursos deberían destinarse a proyectos sostenibles y de mitigación”.
Según el Informe Consolidado N°1 de 2025 de la Contraloría General de la República, solo el 53% de las municipalidades beneficiadas había reportado sus gastos, y apenas un 22% demostró la creación efectiva de una cuenta corriente exclusiva para administrar los fondos del Royalty Minero, lo que refleja debilidades en su control y rendición.
Mientras tanto, las comunas atacameñas continúan enfrentando el dilema entre destinar los recursos a celebraciones y actividades recreativas o invertirlos en infraestructura, salud y mitigación ambiental, los objetivos que originalmente inspiraron la creación del Royalty Minero.