El fenómeno evade impuestos, impacta la seguridad vial y genera competencia desleal que golpea a la economía formal.
Cerca de 120 mil vehículos robados ingresan cada año a Bolivia desde Chile, según cifras de la Cámara Automotor Boliviana (CAB) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos automóviles, conocidos como “chutos”, entran sin documentación y se venden en mercados informales a precios muy por debajo de los vehículos legalmente importados.
El fenómeno tiene múltiples impactos: genera riesgos de seguridad, evade impuestos y afecta directamente a las empresas formales, que no pueden competir con los bajos precios del comercio ilegal.
Entre 2013 y 2024 ingresaron a Bolivia 1.280.113 vehículos indocumentados, con un promedio de más de 120 mil por año. El 2023 registró el mayor número, con 137.433 unidades, mientras que en 2024 la cifra llegó a 120.680.
El ingreso ocurre principalmente a través de la Zona Franca de Iquique (Zofri), en las regiones chilenas de Tarapacá y Arica-Parinacota, que funcionan como puerta de entrada de importaciones hacia Bolivia. Se estima que en los últimos nueve años cerca de 1,4 millones de vehículos “chutos” cruzaron por esa zona.
Los contrabandistas, conocidos como chuteros, utilizan al menos 10 rutas ilegales para transportar estos vehículos, principalmente por pasos fronterizos secundarios. Los ingresos más frecuentes se producen por los salares de Coipasa y Uyuni, además de sectores como Bella Vista, Llica y Huayllani en Potosí; La Queca, Todos Santos y Pisiga en Oruro; y los cruces de Cosapilla (Chile) y Cosapa (Bolivia).
Aunque Chile es la principal ruta, también se reporta contrabando de automóviles desde Argentina, Perú y Brasil. Se estima que el 90% de los vehículos no tiene placa, y que la mayoría circula en zonas rurales, mientras que otros permanecen ocultos en espera de una eventual nacionalización.