En Atacama, las nueve comunas recibieron recursos del royalty minero, pero la región también enfrenta la brecha de transparencia detectada a nivel nacional.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización extraordinaria para evaluar el uso de los recursos entregados a través de los fondos transitorios del Royalty Minero —denominados “Fondos Puente”— correspondientes a 2024 y parte de 2025.
El análisis reveló que un 61% de los municipios beneficiarios no cumplió con la obligación de publicar sus reportes en transparencia activa, ya sea por no habilitar el ítem, entregar información incompleta o subir la información en secciones distintas a las establecidas por la normativa.
En 2024 se distribuyeron $93.645 millones a 307 comunas de regiones mineras, recursos de libre disposición para inversión y desarrollo, con la única restricción de no utilizarlos en el pago de deudas. Sin embargo, más de la mitad de las municipalidades no entregó información clara sobre cómo usaron estos fondos.
En el caso de la Región de Atacama, las nueve comunas —Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen— fueron beneficiadas. Pese a la cobertura total, la región comparte el desafío de mejorar los estándares de transparencia exigidos por la Ley de Presupuestos 2024.
A nivel nacional, las comunas favorecidas pertenecen a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins, todas catalogadas como territorios mineros según la normativa vigente.
En cuanto al destino de los fondos, el informe detalla que en 2024 un 37% se utilizó en iniciativas de inversión, un 23% en bienes y servicios de consumo, un 18% en transferencias corrientes, un 12% en adquisición de activos no financieros y un 8% en gastos de personal.
Para el período 2025, la Ley de Presupuestos eliminó la obligación de publicar en transparencia activa, lo que redujo aún más la disponibilidad de información. De los 20 municipios revisados como muestra, solo un 20% entregó antecedentes de manera voluntaria, lo que refleja una brecha preocupante en materia de rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos.