La iniciativa busca permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, con respaldo en estándares de la OMS y un enfoque de salud pública.
Este miércoles, el Gobierno ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), iniciativa que propone despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, estableciendo mecanismos de acceso en el sistema público de salud.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que este paso responde a un compromiso asumido por el presidente Gabriel Boric hace un año, junto al ingreso de un nuevo reglamento para las tres causales vigentes desde 2017. El reglamento fue visado por la Contraloría el pasado viernes y busca garantizar su correcta aplicación en todo el país, especialmente en casos de violación, la causal más frecuente entre niñas.
“Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar. A quienes apoyamos que esto sea una materia de política de salud pública, les invito a que demos un debate respetuoso”, afirmó Orellana.
La ministra también hizo un llamado a quienes se oponen al proyecto: “Que con confianza en la justicia de sus argumentos, se abran al debate y no se sigan imponiendo por más años los vetos a una discusión que, independiente de la disposición a darse, sigue ocurriendo”.
Desde el Ministerio de Salud, la ministra Ximena Aguilera enfatizó que el objetivo del Gobierno es que ninguna mujer esté en situación de inseguridad al someterse a este procedimiento. “Ninguna mujer merece ir a la cárcel por practicarse un aborto”, afirmó. En la misma línea, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, recalcó que actualmente las mujeres que abortan “se encuentran criminalizadas y penadas por nuestro ordenamiento jurídico”, situación que busca ser corregida con esta legislación.
La propuesta establece un plazo máximo de 14 semanas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Según explicó Orellana, el procedimiento será ambulatorio hasta las 12 semanas en la Atención Primaria de Salud. Entre las semanas 12 y 14, los casos serán derivados a la Red Hospitalaria, aunque según cifras de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la mayoría de los abortos ocurren antes de la semana 12.
El costo financiero estimado del proyecto es de $2.600 millones, destinados principalmente a la provisión de medicamentos recomendados por las guías clínicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a recursos humanos para su implementación.
La iniciativa busca ser tramitada como parte de los compromisos en salud reproductiva y derechos sexuales del programa de Gobierno, en medio de un escenario político polarizado, donde el Ejecutivo ha enfatizado la necesidad de garantizar un debate democrático, técnico y sin estigmas.