El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género confirmó la representación judicial de la víctima, mientras la defensa del gobernador Miguel Vargas negó vínculos laborales e implicancias institucionales.
Ante la denuncia presentada en contra del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) emitió una declaración pública informando que, conforme a su mandato y protocolos, se otorgó representación jurídica a la denunciante, quien además está recibiendo atención psicosocial semanal a través del Centro de Atención Especializada en Violencias de Género de la región.
El organismo dependiente del Ministerio de la Mujer señaló que la Fiscalía Regional de Atacama mantiene la causa con carácter de secreta, resguardando las diligencias investigativas pendientes, así como la seguridad y dignidad de la denunciante.
“El SernamEG rechaza todo acto de violencia contra las mujeres y reafirma su compromiso con las víctimas, su acceso a la justicia, protección y reparación, resguardando la confidencialidad de los procesos y evitando cualquier forma de revictimización”, indicó el comunicado.
Por su parte, la defensa del gobernador regional, representada por el abogado Patricio Pinto Castro, del Estudio Jurídico Atacama, aclaró que Miguel Vargas no ha sido formalizado, ni citado a declarar, y que no existen diligencias en curso que comprometan su situación procesal.
En la declaración, se indica que el gobernador ha colaborado desde el primer momento con la justicia y que el hecho denunciado corresponde a un encuentro de carácter personal y voluntario, sin conexión institucional ni implicancias en el ejercicio del cargo.
Además, se aclara que la denunciante no tiene ni ha tenido relación laboral con el Gobierno Regional, y que no existe vínculo profesional, jerárquico ni institucional alguno entre ambas partes, desmintiendo así una información difundida por un medio nacional.
La defensa rechaza “categóricamente cualquier insinuación de conducta coercitiva, violenta o abusiva”, reafirmando que el hecho denunciado se enmarca exclusivamente en el ámbito de la vida privada del gobernador.