Informe incluye a comunas del norte como Copiapó, Arica, Calama y San Pedro de Atacama. En algunos casos, se detectaron pagos sin respaldo, uso electoral de recursos públicos y contrataciones cuestionadas.
Un total de 32 municipios del país registraron irregularidades en el uso de recursos públicos entre enero y septiembre de 2024, en pleno periodo previo a las elecciones municipales, según reveló un informe nacional de la Contraloría General de la República (CGR). El organismo examinó transferencias al sector privado, uso de vehículos fiscales y contrataciones, con énfasis en evitar desvíos hacia campañas políticas o actividades proselitistas encubiertas.
La investigación se enfocó en prevenir el uso electoral indebido de fondos municipales, estableciendo reparos, sumarios y recomendaciones en casos donde se vulneró la normativa.
En Copiapó, se detectó la falta de respaldo documental en gastos municipales, ausencia de actas de entrega de ayuda social y deficiente control de vehículos. Además, se advirtió un potencial conflicto de interés tras la contratación de un proveedor que colaboró en la campaña del alcalde Marcos López, por lo que se ordenó un sumario administrativo.
En Arica, el alcalde habría utilizado un vehículo fiscal de manera impropia durante el periodo electoral. También se observó el uso de redes sociales institucionales para difusión personal, además de pagos irregulares de horas extra.
En San Pedro de Atacama, se entregaron más de $22 millones al sector privado sin rendición de cuentas. Además, se advirtió uso inadecuado de vehículos fiscales y promoción del alcalde como figura central en invitaciones a eventos.
Calama concentró una de las mayores observaciones: más de $15.700 millones pendientes de rendición, junto con problemas en el uso de vehículos oficiales y deficiencias en la documentación de beneficios sociales. En este caso también se ordenó iniciar sumario.
María Elena transfirió más de $42 millones sin convenios formales con entidades privadas y asignó horas extraordinarias sin justificación. En tanto, en Putre, funcionarios declararon haber sido presionados para apoyar al alcalde en horario laboral, lo que derivó también en instrucción de sumario.
En la zona centro, municipios como Recoleta, Melipilla, Maipú, La Pintana y La Florida presentaron gastos improcedentes en eventos, viajes o contrataciones sin respaldo. La Contraloría también detectó uso de recursos municipales para favorecer pactos electorales o promocionar candidaturas, lo que constituye una infracción a la probidad administrativa.
En Puente Alto, se registraron gastos cercanos a los $130 millones por eventos sin verificar participación ciudadana efectiva. En Santiago, la falta de antecedentes motivó la apertura de un sumario, además de observaciones sobre uso de vehículos fiscales y horas extra no acreditadas.
En la zona sur, Chiguayante, Coyhaique, Aysén y Punta Arenas destacaron por irregularidades en contrataciones, rendiciones incompletas y actividades fuera del rol municipal. En Trehuaco y Pemuco, se advirtió falta de control sobre horas extra y presencia de nepotismo en contrataciones.
Este plan de auditoría forma parte de una estrategia preventiva para garantizar transparencia y legalidad durante los periodos electorales, evitando que recursos públicos sean utilizados con fines personales o políticos.
Desde Contraloría señalaron que continuarán monitoreando los municipios y que los casos más graves ya fueron derivados a sumarios administrativos y eventuales acciones judiciales. Además, se formularán reparos por montos millonarios en al menos 15 de las 32 comunas investigadas.