Ante la facultad legislativa del Ejecutivo de cerrar fundaciones cuando se estimen contrarias a las ley, desde la oposición exigen terminar la vida jurídica de aquellas organizaciones involucradas en el denominado Caso Convenios.
Parlamentarios desde el Partido Republicano hasta Evópoli, criticaron la decisión del Gobierno de no quitar la personalidad jurídica de la Fundación Democracia Viva, involucrada en eventuales casos de malversación de caudales públicos.
El artículo 25 del decreto 110 sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones, establece que el Presidente podrá cancelar la personalidad jurídica a una corporación desde el momento en que la estime contraria a la ley, el orden público o a las buenas costumbres; también que no cumpla con los fines para que fue constituida o incurra en infracciones graves a sus estatutos.
En el artículo 30 del mismo reglamento, se afirma que estos preceptos son aplicables para las fundaciones.
El profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma, Sebastián Zárate, afirmó que efectivamente el Presidente de la República tiene atribuciones legislativas para cancelar la personalidad jurídica de las fundaciones.
El senador Evópoli e integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, Luciano Cruz Coke, afirmó que el Ejecutivo tiene la facultad y la obligación moral de cerrar las fundaciones involucradas en los casos de corrupción de transferencias de recursos públicos.
Por su parte, el diputado UDI, Jorge Alessandri, señaló que el Gobierno se limita a las declaraciones, pero no actúa.
Por su parte, el integrante de la misma comisión en la Cámara baja, el diputado independiente de la Bancada del Partido de la Gente, Miguel Ángel Calisto, afirmó que los eventuales actos de corrupción de las fundaciones son preocupantes, pero hay que seguir el camino de la justicia.
Desde la Comisión de Constitución del Senado, afirmaron que el ministro de Justicia, Luis Cordero, está citado para esta semana, mientras que desde la oposición planean exigir explicaciones respecto a porqué el Gobierno no ha cancelado la vida jurídica de aquellas corporaciones y fundaciones involucradas en el Caso Convenios.