Cuatro funcionarios de Aduanas cayeron detenidos como parte de una extensa red de contrabando. Empresarios requirieron de sus servicios ilegales para internar mercancías sin ser inspeccionadas y por consecuencia librar del pago de impuestos. Las coimas, según la indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Occidente, se empinaban hasta el millón de pesos.
La funcionaria de Aduanas Miriam Carvajal Gutiérrez, a simple vista, tenía una vida ideal: arrendaba una casa de casi $1,4 millones mensuales en un cómodo sector de Santiago, pagaba una colegiatura para sus hijos que se empinaba por los $600 mil y manejaba un auto BMW de lujo que le costó más de $41 millones.
Sin embargo, como todo idilio, su bienestar acabó de golpe. Hoy, su nombre figura dentro de los cuatro servidores del organismo estatal acusados de recibir cuantiosas coimas en una extensa red de contrabandistas que -según estimaciones del Ministerio Público- causaron un perjuicio al fisco que supera los $254 millones.
Todo estalló este jueves, luego de que un operativo de la PDI liderado por el fiscal Eduardo Baeza desbaratara a tres clanes dedicados a la internación ilegal de mercancías. 19 personas fueron detenidas.
En total, se estima que los tres grupos amasaron una fortuna proveniente del contrabando que ronda los $1.900 millones.
INFORMACIÓN RESERVADA
Según información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, los funcionarios de Aduanas corresponden a Miguel Barría Guerra, Rodrigo Ardiaca Rivera, Daniel Arellano Martínez y la ya mentada Miriam Carvajal Gutiérrez. Los cuatro, según la indagatoria de Baeza, jugaron un rol clave en la banda.
En buenas cuentas, su actuar le permitió a los clanes introducir mercancías sin pagar los impuestos respectivos. Para ello incluso fingieron fiscalizaciones que nunca se concretaron. Todo ello, desde luego, a cambio de coimas que en algunos casos bordeaban el millón de pesos.
Vamos por parte. A Miguel Barría se le imputa haber entregado información reservada del Servicio Nacional de Aduanas a cambio de dinero. Según consta en el expediente judicial, en 2019 Barría recibió coimas que fluctúan entre los $150 mil y los $500 mil para que el empresario de transportes Klif Chávez Santos traspasara los controles del organismo sin generar alertas. Esto, con la finalidad de que la carga no fuese aforada (es decir, revisada y tasada).
La relación fue provechosa para ambos, menos para el fisco. De acuerdo la indagatoria, a comienzos de ese año, Klif sobornó a Barría para ingresar un cargamento de ropa y consolas de videojuegos sin declararlas. El pago se concretó en el mismo aeropuerto.
Más tarde ese 2019, el comerciante volvió a requerir los servicios del funcionario público. Pagó $700 mil en efectivo para internar otra importación. Barría aceptó, pero se excusó de concretar la fiscalización en terreno. Para ello solicitó la ayuda de un colega en Aduanas, Rodrigo Ardiaca.
Este último aceptó el encargo a cambio de $300 mil: simplemente simuló una inspección y, por si fuera poco, fingió revisar la documentación. Papeles que en la práctica nada tenían que ver con la operación. Como consecuencia, las mercancías entraron al país sin el papeleo correspondiente y sin hacer ningún pago de impuestos. Negocio redondo.
LA TESORERA
Ya en 2022, en tres ocasiones distintas, un funcionario activo de Aduanas -que no ha sido identificado- contactó al mismo Barría a nombre de Lorenzo Vargas Elizalde, líder -según fiscalía- de otro de los clanes. La idea también era ingresar mercancías a Chile sin pagar los impuestos respectivos. El imputado aceptó y buscó la colaboración de un colega: Daniel Arellano.
El resultado fue el mismo que con Klif: Arellano fingió una inspección y las mercancías ingresaron sin los documentos ni los tributos correspondientes. En este caso, eso sí, los sobornos eran más altos.
En concreto, la causa apunta a que Barría recibía del funcionario anónimo coimas por 1,5 millones en efectivo o en su cuenta corriente del banco BCI. El dinero luego lo repartía así: $1 millón para Arellano y el resto para él.
Respecto de la cuarta servidora pública implicada, la indagatoria del fiscal Baeza estableció que Miriam Carvajal fungió como tesorera de los sobornos. La mujer corresponde a la pareja del citado Lorenzo Vargas Elizalde y estuvo a cargo de recibir los pagos por las ventas de las mercancías y de entregar las coimas a los funcionarios aduaneros involucrados en el contrabando.
Información contenida en el expediente judicial también la identifica como testaferro de la banda. En simple, facilitó su cuenta bancaria para la inyección de dineros provenientes de los delitos.
LAVADO DE ACTIVOS
La causa también apunta a tres de los cuatro funcionarios de Aduanas por lavado de activos. Es decir, por ingresar al mercado financiero formal o disimular los dineros provenientes del delito.
De Miguel Barría, por ejemplo, la indagatoria concluyó que usó los sobornos en diferentes inversiones y gastos.
Miriam Carvajal, por su parte, compró un BMW, modelo 420i coupe, calificado de alta gama, por más de $41 millones. Ella y Vargas Elizalde también arrendaban hasta el día de su detención una casa por casi $1,4 millones mensuales y pagaban una colegiatura para sus hijos por $600 mil. A juicio del Ministerio Público, todos estos gastos “no se condicen con sus ingresos lícitos”.
Asimismo, se estableció que la imputada tuvo y usó dinero de procedencia ilícita proveniente de las cuentas de su pareja, mediante 75 transferencias bancarias por un total de $17 millones. Todo ello, estima fiscalía, con conocimiento del origen ilegal de los dineros.
Daniel Arellano Martínez, en tanto, pensó en su futuro: puso los dineros en un fondos mutuos, por un total de $104 millones. Una vez más, a ojos del organismo persecutor, los movimientos “no resultan acorde con sus ingresos legales como funcionario del Servicio Nacional de Aduanas”.
Ardiaca fue el único que zafó del lavado de activos.
LA NÓMINA
Todos los detenidos pasaron a control de detención y fueron formalizados este viernes ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.
El fiscal Baeza comunicó cargos por asociación ilícita, contrabando, fraude aduanero y lavado de activos. Del total, cinco imputados quedaron en prisión preventiva. Tres de ellos corresponden a funcionarios de Aduanas. Los otros 14 quedaron con arraigo, firma mensual y prohibición de comunicarse.
El plazo de investigación se fijó en 120 días.
El listado completo de imputados lo componen:
1. Klif Arnold CHAVEZ SANTOS.
2. Luis Fernando MOSCOSO MOSCOSO.
3. Miguel Eugenio BARRIA GUERRA.
4. Rodrigo Alejandro ARDIACA RIVERA.
5. Becxy Ronnet CHAVEZ SANTOS.
6. Jorge Esteban VERA VILCHES.
7. Samuel Eli URBINA HERRERA.
8. Lorenzo Antonio VARGAS ELIZALDE.
9. Benjamín Abraham CARVAJAL GUTIERREZ.
10. Manuel Ángel MORALES ESTAY.
11. Miriam Nicole CARVAJAL GUTIERREZ.
12. Daniel Eduardo ARELLANO MARTINEZ.
13. Sebastián Andrés MANCILLA ACEVEDO.
14. Cesar Antonio LAGOS FAUNDEZ.
15. Martín Raúl OLIVA TRUJILLO.
16. Matías Nicolás DEL RIO ALONSO.
17. Edwin Antonio LOYOLA SANTOS.
18. Braulio Javier GALAZ GANA.
19. María del Pilar ALONSO IBAÑEZ.