Como Gobierno pudimos corroborar, gracias al informe final del “Consejo Asesor para la Cohesión Social” desarrollado el 9 de enero del año 2020, que una de las principales demanda sociales durante el estallido social, fueron las pensiones.
Por esta razón, se creó la ley que dio vida a la Pensión Garantizada Universal (PGU), que permitirá mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de un aporte máximo de $185.000, para todos los adultos mayores de 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población. Además, todos los adultos mayores podrán posicionarse con ingresos por sobre la línea de la pobreza, beneficiando principalmente a la clase media y a las mujeres.
La PGU se ha transformado en la segunda etapa, la más relevante en décadas, de apoyo a los adultos mayores. La primera fue el fortalecimiento del Pilar Solidario, que permitió mejorar la Pensión Básica Solidaria en un 50% y el Aporte Previsional Solidario en un 70%.
Así es como a partir del 18 de febrero comenzamos con el primer pago masivo de la Pensión Garantizada Universal a sus beneficiarios y beneficiarias que eran parte del Pilar Solidario de Vejez, es decir, personas con Aporte Previsional Solidario de Vejez o Pensión Básica Solidaria de Vejez. Estas personas no debían hacer ningún trámite, recibiendo sus pagos en su modalidad habitual.
De este grupo, una parte de las personas recibirán sus pagos a través de depósito en sus cuentas bancarias, dado que esa es la modalidad a través de la cual reciben habitualmente sus beneficios. En el caso de las personas que retiran sus beneficios en forma presencial y cuya fecha de pago fue anterior al 18 de febrero, sus pagos se realizarán en marzo: ahí se les pagará la PGU correspondiente a ese mes, además del beneficio retroactivo de febrero.
El monto de la prestación dependerá del valor de la pensión base que tenga el beneficiario, considerando que todos aquellos que tengan una base menor o igual a $630.000 recibirán el monto máximo de la Pensión Garantizada Universal, equivalente a $185.000. En el caso de aquellos cuya base sea mayor, irá disminuyendo progresivamente, de manera lineal.
Este nuevo beneficio lo puede recibir pensionados bajo cualquier modalidad, y mayores de 65 años que se encuentren laboralmente activos, sin la necesidad de pensionarse.
Fácilmente podemos decir que esta política pública es una de las mayores innovaciones sociales que hemos logrado en los últimos 14 años, dando énfasis a un grupo etario que necesita de nuestra apoyo y ayuda, y que, a pesar que con esto no solucionamos todo, si podemos decir que es una gran contribución para los adultos mayores de hoy y mañana.