Un requerimiento de casación ante la Corte Suprema y eventuales reclamos ante el Comité de Ministros. Los escenarios paralelos que se abren para la mega iniciativa de la empresa Andes Iron.
Pese a que este miércoles la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del mega proyecto minero portuario Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron, su carrera por entrar en funcionamiento y la compleja historia en la que se enmarca están lejos de terminar.
Esto porque sumado a que en el horizonte habrá espacio para nuevas instancias de reclamaciones para quienes se oponen a su ejecución, también será clave el veredicto que entregue la Corte Suprema respecto a los recursos pendientes que existen en contra de Dominga.
Con todo, esto es un escenario conocido para la compañía, según Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron. El ejecutivo explicó que «el proyecto, luego de que se emita la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) está aprobado, y por lo tanto, se pueden tramitar todos los permisos sectoriales y comenzar todas las etapas para preparar la construcción del proyecto».
Pero rescató que «en todo este tipo de instancias hay espacios para que se puedan generar apelaciones, existe la posibilidad de que se recurra al Comité de Ministros como una instancia, y en paralelo, hay una presentación de recursos en la Corte Suprema».
Cabe recordar que la iniciativa –cuya tramitación comenzó ocho años atrás – contempla la construcción de dos minas a rajo abierto, de hierro y cobre, además de un puerto en la comuna de La Higuera, en el Archipiélago de Humboldt, un sector que ha sido reconocido nacional e internacionalmente por su rica biodiversidad. Se trata de una inversión avaluada en US$2.500 millones.
Pero es precisamente esta última particularidad de la zona lo que ha motivado a diversas organizaciones ecológicas y ambientalistas a tomar acciones para frenar su construcción. Sobre todo luego de la decisión que manifestó Coeva este miércoles, la cual permitirá que Dominga inicie el proceso para obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que fue criticado por las diversas agrupaciones que reúne la red ambientalista Alianza Humboldt, específicamente porque, a juicio de las organizaciones, «hubo un mal uso de derecho».
Por este motivo, desde la red esperan que la Corte Suprema resuelva anular la votación, y específicamente, el fallo que dio a conocer en abril de este año el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, a través del cual ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto minero a etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental. Si bien este había sido rechazado tanto por la Comisión de Evaluación de Coquimbo, como por el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental, durante 2017, fue la acción del poder judicial la que dio paso a la nueva votación efectuada ayer por los integrantes de la Coeva de Coquimbo.
La Corte Suprema
El escenario que se le abre a Dominga presenta dos líneas paralelas, de acuerdo al análisis de Ezio Costa, abogado de la Alianza de Humboldt y director ejecutivo de Fima, quien precisó a este medio: «nosotros presentamos un recurso de casación, y eso está pendiente en la Corte Suprema», y apuntó que «si las cosas hubiesen sido normales, hubiésemos esperado que el recurso de casación, es decir, quién ganaba y quién perdía, y si es que se rechazan las casaciones, entonces después se habría hecho una votación como la de hoy día».
El recurso de casación es una herramienta procesal extraordinaria que por ley que tiene por objeto anular una sentencia judicial cuando esta no cumple con los procedimientos establecidos o contiene una incorrecta aplicación o interpretación de la normativa. A través de este requerimiento las organizaciones buscan dejar sin efecto la resolución que emitió el Primer Tribunal de Antofagasta, y que autorizó que se votara nuevamente el EIA de Dominga. Según explicó Costa, en general, «no deberían llevarse a votación proyectos que están judicializados».