Senadora Provoste asegura que irregularidades en los Slep corresponden al periodo actual

Senadora Provoste asegura que irregularidades en los Slep corresponden al periodo actual

“Todos los actos que se denuncian en esa auditoría ocurrieron durante este Gobierno, en que la supervisión y control de los actos administrativos corresponde a las actuales autoridades del Ministerio de Educación”, sentencia la senadora Yasna Provoste en un video que compartió a través de sus redes sociales cuatro días después que se conocieron los resultados de la revisión que se hizo en la Dirección de Educación Púbica y en los Servicios Locales.

La parlamentaria por el partido Democracia Cristiana permite interpretar, en el audiovisual, que el desorden y vacío de poder que, eventualmente, se percibió en los Servicios Locales de Educación Pública (Slep) se debió a irregularidades que podían ser evitadas y, en tanto, “el Gobierno tiene un problema que debe asumir”.

La presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara Alta chilena se tomó su tiempo para emitir una postura respecto a los hechos que dejan ver graves inconsistencias en el manejo de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep) y, como respuesta, asegura que solicitarán a la Contraloría General de la República que realice una investigación.

De acuerdo con lo que plantea, pedirán que se pesquise a fondo la Dirección de Educación Pública, los Servicios Locales y del propio Ministerio de Educación “en todo lo que tiene que ver con manejo de recursos de la educación pública de nuestro país”.

Esto a propósito de que según dice los problemas que se avecinaban en la educación subvencionada de Chile fueron anticipados, mediante una carta, al presidente Sebastián Piñera en la que se denunciaba “el abandono que el Gobierno le hace” a este sistema.La senadora relata que una de estas aristas se constataba en el retraso que se produjo en todos los procesos administrativos de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública y de la propia Dirección de Educación.

“Esto ha sido tan evidente, que pasados ocho meses que dejara su cargo el primer director nacional, fue que recién se nombró a la actual directora titular”; además, “todos los concursos para los nombramientos de directores locales sufrieron meses de retrasos y las subrogancias fueron mal hechas; se produjeron vacíos de autoridad con serios problemas administrativos”, menciona.

Sobre el caso puntual de Huasco, donde el informe de la auditoría es muy desalentador, Provoste recuerda la oposición que fijó desde el primer momento en que se conoció la resolución firmada por la actual ministra Cubillo, donde establecía las subrogancias. Dice que en ese momento advirtió que “estaban mal hechas” y por ello concurrió, personalmente, a la Contraloría Regional de la República en diciembre del año pasado para evitar que se instalaran estos directores suplentes, pero igual así tomaron los cargos.

En términos generales, la congresista intenta desvincular a los directores designados por la exmandataria Michell Bachelet de esta investigación y, por el contrario, puntualiza que todo ocurrió después que ellos salieron de las direcciones.Así lo reforzó el miércoles Yordana Simón Vega, la ex jefa de la Subdirectora de Administración y Finanzas del Slep de Huasco, quien reveló las fechas de los acontecimientos asentados en el informe de la auditoría (al menos de los que ella puede dar respuesta) y algunas, en efecto, son posteriores al período que mandó a investigar la ministra.Cabe destacar que en el resumen se lee que la revisión sería en “el plazo mientras estuvieron a cargo de la Dirección de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación las autoridades designadas por la ex presidenta Michelle Bachelet”.

Sobre esto Simón Vega aclaró que ella no fue designada, sino que ganó dos concursos públicos para ocupar el cargo; el primero fue en el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Puerto Cordillera, en Valparaíso, el 2 de enero de 2018, y el segundo en Vallenar, donde ocupó el puesto como directora suplente III, desde el primero de marzo de 2018 hasta el primero de junio de este año.

El Ministerio Público investiga los antecedentes entregados por el Ministerio de Educación para confirmar o descarta la presunta comisión de delitos como malversación y desviación de fondos públicos, así como fraude al fisco. El Consejo de Defensa de Estado también es parte de la indagatoria penal.

Al respecto Provoste concluye que “las irregularidades y situaciones deben ser investigadas y rigurosamente sancionadas”.

EDITOR DE LA NOTICIA

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