El libelo, respaldado por diez diputados, contempla tres capítulos que cuestionan beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, además de eventuales incumplimientos en la entrega de información al Congreso. La acción podría derivar en la destitución del titular de Justicia si es aprobada por ambas cámaras.
Las bancadas de oposición ingresaron este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de anunciar esta ofensiva parlamentaria el pasado 28 de octubre, tras una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados en la que se abordaron las cuestionadas rebajas de condena.
La presentación fue suscrita por diez parlamentarios: Raúl Leiva y Juan Santana (PS); Jorge Brito y Emilia Schneider (FA); Daniela Serrano y Marcos Barraza (PC); Jorge Díaz y Javier Muñoz (DC); Jaime Araya (IND-PPD) y Luis Malla (PL).
De acuerdo con una minuta de la oposición, el libelo se fundamenta en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, establecida en el artículo 52, número 2, letra b), de la Carta Fundamental. Su tramitación podría terminar con la destitución del secretario de Estado, siempre que la acusación sea aprobada en la Cámara y posteriormente en el Senado.
La acción parlamentaria se produce luego de semanas de cuestionamientos por las rebajas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad. En tanto, el presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro.
Los tres ejes de la acusación constitucional
Los argumentos de la oposición apuntan a tres materias: las rebajas de condena otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores, los beneficios concedidos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y eventuales incumplimientos en la entrega de antecedentes requeridos por el Congreso para fiscalizar estas decisiones.
El diputado Raúl Leiva (PS) había adelantado que el tercer capítulo se relaciona con las obligaciones de los ministros frente a los organismos fiscalizadores.
“Un texto de esa naturaleza no es improvisación, es trabajo, es seriedad y responsabilidad”, sostuvo el parlamentario al defender el tiempo destinado a preparar el documento. También destacó el aporte de las investigaciones periodísticas en la elaboración de la acusación.
Con el ingreso formal del libelo, el conflicto pasa ahora a la etapa de tramitación parlamentaria, donde deberán revisarse los argumentos presentados y la defensa del ministro.
Capítulo I: Las rebajas que la oposición considera prohibidas por ley
El primer capítulo se concentra en 56 rebajas de condena que, según la minuta opositora, el Ministerio concedió entre junio y septiembre a personas condenadas por violación y abuso sexual de menores de edad.
El documento sostiene que la Ley N° 21.421, publicada en 2022, excluye expresamente a condenados por estos delitos del beneficio contemplado en la normativa. Además, individualiza 22 decretos conocidos por la prensa y afirma que ninguno habría sido dictado por orden de un tribunal en la causa correspondiente.
La acusación plantea que el ministro habría otorgado estos beneficios pese a la prohibición contenida en el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856, modificado por la Ley N° 21.421. También cuestiona que las resoluciones no habrían considerado suficientemente el interés superior del niño, principio reconocido en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430.
En esa línea, la minuta señala que no existiría constancia de que las víctimas fueran escuchadas o informadas antes de adoptarse las decisiones.
Asimismo, el libelo acusa un eventual abuso de poder, argumentando que el ministro habría extendido criterios de fallos favorables a determinados condenados como si constituyeran una regla general. También cuestiona que se invocaran razones de eficiencia y la intención de evitar la judicialización de los casos.
La oposición agrega que el secretario de Estado habría intervenido en asuntos pendientes y cometido una infracción por omisión al suspender la tramitación de postulaciones.
Los otros capítulos de la acusación abordan los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y las obligaciones de entrega de información ante los requerimientos de fiscalización del Congreso.
La acusación deberá seguir su curso legislativo, instancia en la que se determinará si los antecedentes expuestos por los parlamentarios reúnen los fundamentos necesarios para avanzar hacia una eventual responsabilidad constitucional del ministro.