La agenda de seguridad del Gobierno continúa avanzando en la Cámara de Diputados. En específico, son tres los que han prosperado en sus tramitaciones.
En primer lugar, la sala despachó el proyecto de ley corta que busca facilitar la implementación de la Ley de Seguridad Municipal. Además, aprobó las modificaciones que fueron realizadas por el Senado y el proyecto quedó a puertas de su promulgación.
La iniciativa contempla un régimen especial de gasto para la contratación de inspectores de seguridad municipal, junto a ampliar los plazos para que se regularicen los requisitos correspondientes a los vehículos que se utilicen para dicha labor.
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, afirmó que este proyecto marcará un antes y un después en la realidad de la seguridad municipal.
“Es un paso muy importante para una correcta implementación de este sistema, que viene a ayudar a ganar espacios de seguridad en cada una de las comunas de nuestro país. Sin duda, esta ley marcará un antes y un después para un mejor sistema de seguridad”, valoró.
En paralelo, la Comisión de Seguridad Ciudadana tramitó en particular y despachó a la sala el proyecto que aumenta las sanciones por el delito de extorsión territorial, que busca enfrentar el cobro de cuotas de protección por parte de bandas criminales.
El proyecto contempla sanciones en circunstancias agravadas, como la participación de bandas de crimen organizado, que van entre el presidio mayor en sus grados medio y máximo, es decir, de 10 a 20 años de cárcel.
Junto con ello, contempla que aquellas personas que participan en la cadena de cobro sin ser autores arriesgan entre 3 y 10 años de presidio.
El diputado independiente por el Partido Comunista y autor del proyecto, Bernardo Salinas, destacó el avance de la iniciativa.
“Hoy día existe la extorsión a las personas, pero no existía la extorsión territorial, o sea, aquellos que se toman territorios completos, tenemos varios ejemplos. Sabemos que en el centro de Santiago existen estas bandas”, resaltó.
Del mismo modo y pese a los cuestionamientos que plantearon algunos expertos, el proyecto de autoría de la exministra Trinidad Steinert, que busca habilitar el dictado de sentencia en ausencia injustificada del acusado, también fue despachado de la comisión y avanzó a la Sala de la Cámara de Diputados.