La Fiscalía defendió la necesidad de anular el juicio del caso SQM, mientras la defensa de Patricio Contesse acusó al Ministerio Público de intentar reexaminar la prueba como si se tratara de una apelación.
El cruce se produjo durante las réplicas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en la disputa por revertir la absolución de todos los acusados en una de las principales investigaciones por financiamiento irregular de la política.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, insistió en que el tribunal oral incurrió en errores al valorar la evidencia, descartando declaraciones de policías, fiscalizadores y documentos que, a juicio del Ministerio Público, podían resultar determinantes para acreditar delitos tributarios y cohecho.
La persecutora también respondió a los cuestionamientos sobre la trascendencia de esos errores y sostuvo que la prueba omitida o valorada incorrectamente podía cambiar el resultado del juicio. Además, rechazó que una eventual vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable obligara al tribunal a absolver.
“Lo que entendemos es que, en cada una de las alegaciones que hemos hecho, sí hay un argumento plausible que da cuenta de que el haber considerado adecuadamente esa prueba y, sobre todo, ese conjunto de pruebas, de haber sido ponderadas en conjunto, hubiese conducido al resultado condenatorio“, indicó.
Donoso defiende absolución de Contesse y cuestiona pruebas de Fiscalía
Pero Samuel Donoso, defensor de Patricio Contesse, contraatacó apuntando a la duración del proceso y a la falta de antecedentes concretos que, según dijo, acreditaran la participación de su representado en el delito de cohecho.
El abogado recordó que Contesse tiene 74 años y lleva once años y medio sometido a la causa, con seis años y nueve meses bajo medidas cautelares de alta intensidad.
Donoso sostuvo que el recurso de nulidad no identifica pruebas de que Contesse ofreciera o aceptara entregar beneficios para obtener una actuación determinada de un funcionario público y también cuestionó que los acusadores pretendan revertir la absolución sin hacerse cargo de todos los fundamentos del fallo.
“No hay en el recurso una sola referencia a una prueba de que nuestro representado ofreciera o concintiera en dar un beneficio con la finalidad de obtener un acto funcionario determinado“, afirmó.
Además, argumentó que “esta sentencia no es una mesa de una pata”, aludiendo a las distintas razones que, a su juicio, sostienen la decisión absolutoria, entre ellas la atipicidad de los hechos, la falta de congruencia y la insuficiencia probatoria.
La intervención de Donoso ocurre, además, mientras enfrenta otra investigación: el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 11 de diciembre la audiencia en que se discutirá su solicitud de sobreseimiento en la causa por presuntas irregularidades en nombramientos judiciales.
Plazo máximo de 30 días para estudiar los alegatos
La mañana de este viernes concluyeron los alegatos de las dos defensas que quedaban pendientes. En la instancia, el tribunal determinó un plazo máximo de 30 días de estudio y, tras ello, se comunicará la fecha de resolución.