El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró el ingreso del proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad impulsado por el gobierno, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Tras la firma del proyecto, Valencia destacó la importancia de la iniciativa, aunque recalcó que el Ministerio Público todavía no puede emitir una opinión detallada, pues aún no conoce su texto definitivo y eventualmente podría ser citado al Congreso para abordar su contenido.
“En principio, lo que se ha podido conocer a través de la prensa y lo que el gobierno ha dado a conocer, junto con un paquete de leyes que se priorizarían, que están en la actual tramitación, yo creo que se presentarían avances de gran importancia y muy concretos para la vida de la ciudadanía”, sostuvo.
En esa línea, el jefe del Ministerio Público puso énfasis en uno de los aspectos que podría incorporar la reforma: la posibilidad de que la Fiscalía delegue determinadas atribuciones a las policías, permitiéndoles contar con mayores facultades de actuación autónoma.
De acuerdo con Valencia, esto podría traducirse en una respuesta más rápida frente a determinados hechos delictivos.
“En caso de ser aprobado, permitirían que la Fiscalía, por ejemplo, delegue atribuciones a la policía para que tenga mayores atribuciones de actuación autónoma y, en consecuencia, podamos actuar con mayor rapidez que lo que muchas veces la ciudadanía espera y lo que la justicia también demanda y necesita para una mayor eficacia”, dijo.
El fiscal nacional sostuvo además que la propuesta apunta en la dirección que, a su juicio, requiere actualmente el país en materia de seguridad.
“Me parece que, en materia de seguridad, pone las prioridades donde esperamos”, aseguró.
Igualmente, Valencia explicó que Chile cuenta actualmente con un marco jurídico que permite al Ministerio Público desarrollar una actividad eficaz, pero advirtió que las herramientas legales deben ir adaptándose a la evolución de las organizaciones criminales.
“Hoy día tenemos un paquete de leyes, un sistema jurídico muy fuerte que nos permite una actividad eficaz, pero siempre esos sistemas son mejorables de la manera como nuestra legislación va mutando. La delincuencia organizada también va mutando y, en consecuencia, es importante contar con nuevas herramientas adecuadas a ese nuevo contexto”, afirmó.
Cambios para administrar bienes incautados
Otro de los puntos que abordó el fiscal nacional fue la propuesta relacionada con la administración y liquidación de bienes incautados a organizaciones criminales.
En esa línea, aseguró que se trata de una materia que la Fiscalía ya había planteado anteriormente, incluso en sus cuentas públicas, debido a las dificultades que actualmente existen para gestionar los bienes decomisados.
“Es de la mayor importancia; lo hemos planteado con anterioridad, incluso en las cuentas públicas de la Fiscalía Nacional”, sostuvo.
Según explicó, el actual sistema genera dificultades para administrar y posteriormente liquidar bienes incautados en investigaciones por delitos como crimen organizado y contrabando.
“Hoy tenemos un problema con la incautación, la administración y la liquidación de bienes que se decomisan a la delincuencia organizada, que se decomisan en el contrabando y hoy día, lamentablemente, por un sistema que no da ancho como consecuencia del cambio de contexto, a veces gastamos más dinero del que obtenemos como consecuencia de las incautaciones, producto de los gastos en aparcamiento, en bodegaje, etc.”, detalló.
Por ello, Valencia valoró que el Ejecutivo haya incorporado esta materia dentro de sus prioridades y llamó a avanzar hacia una modificación integral del sistema.
“Nos parece que eso necesita, tal como lo hemos planteado con anterioridad, una reforma integral y celebramos entonces que el Ejecutivo esté tomando cartas en el asunto”, cerró al respecto.