El organismo fiscalizador estableció que el delegado presidencial provincial, Sebastián Urrejola Aranda, mantiene una ocupación ilegal en la localidad de Portofino, vulnerando el principio de probidad administrativa. La Subsecretaría del Interior tendrá un plazo de 10 días hábiles para informar sobre el inicio de las acciones disciplinarias.
Los puntos clave de la resolución:
Acreditación del hecho: Mediante el Oficio n.º OF149164/2026, emitido este viernes 7 de agosto, la Contraloría Regional de Atacama ratificó que la ocupación es efectiva tras una fiscalización en terreno. Se trata de un terreno fiscal de 1.000 m² cercado y con construcción de material ligero, el cual llevaría cerca de 16 años ocupado.
El informe enfatiza que la autoridad infringe gravemente la probidad, ya que el cargo de delegado presidencial exige por ley custodiar los bienes del Estado e impedir tomas ilegales. Al ser él mismo el ocupante, incurre en un evidente incumplimiento de sus deberes y un conflicto de interés.
La SEREMI de Bienes Nacionales deberá reportar los avances para poner fin a la ocupación, cobrar indemnizaciones y lograr la restitución del inmueble. De no haber entrega voluntaria, los antecedentes pasarán al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Sobre la denuncia hacia el jefe de gabinete, Carlos Ramos Guerra, Contraloría descartó la existencia de un vínculo matrimonial con la hermana del delegado. Sin embargo, advirtió que la autoridad debe abstenerse de intervenir si existen factores que afecten su imparcialidad.