El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana, en el marco de la causa penal por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y que involucra al expresidente Gabriel Boric y a figuras políticas como la removida exsenadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández.
La acción buscaba impugnar normas del Código Procesal Penal que permiten al Ministerio Público cerrar investigaciones sin formalizar cargos, argumentando que ello vulnera el acceso a la justicia y limita el rol del querellante. Sin embargo, el Pleno del tribunal decidió rechazar esta solicitud por una amplia mayoría de nueve votos contra uno.
El requerimiento fue presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana en el contexto de una querella por presuntos delitos como fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Según la fundación, estas disposiciones generan un vacío que impide avanzar en causas donde el Ministerio Público decide no formalizar, dejando sin herramientas reales a los querellantes para continuar con la acción penal.
En concreto, mediante el recurso, los querellantes buscan forzar la acusación y llevar a juicio oral a Gabriel Boric, sin la venia del Ministerio Público. Esto porque la fiscalía había solicitado en octubre una audiencia para comunicar su decisión de no perseverar en la causa por fraude al fisco.
Desde la defensa de la exsenadora Isabel Allende, la abogada Paula Vial se mostró conforme con la resolución, a la espera de que se cierre completamente en los tribunales de garantía.
“Teníamos la convicción de que así sería porque no había ningún mérito para ello, la investigación fue acuciosa y no hay ningún antecedente que dé cuenta de delito alguno”, señaló.
A juicio de la defensa de Isabel Allende y Maya Fernández, el fallo no solo confirma la validez de las normas cuestionadas, sino que también respalda el actuar del Ministerio Público en esta causa.
Desde la Fundación Fuerza Ciudadana, en tanto, la lectura es completamente distinta.
El abogado de la organización, Raimundo Palamara, cuestionó duramente la decisión del Tribunal Constitucional, señalando que este fallo limita las posibilidades de perseguir delitos de corrupción cuando el Ministerio Público decide no avanzar en una investigación.
“Considero que es un mal precedente que finalmente la persecución por delito de corrupción quede radicada solo en un fiscal, por lo que resulta que aquí no pierde la fundación, sino que la ciudadanía en su conjunto, que ve defraudada, una vez más, las expectativas de combate contra el principal cáncer de nuestro país, que es la corrupción”, fustigó.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional (TC) cierra la puerta a una reinterpretación de las facultades del Ministerio Público en este caso por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, reafirmando su rol protagónico en la persecución penal.