La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que establece los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género establecida en la Ley Integral, lo que permitirá al Estado querellarse por femicidio o suicidio femicida sin necesidad de la autorización de las víctimas o sus familias.
Si bien el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) ya ofrecía representación jurídica a víctimas de violencia de género, esta solo podía realizarse cuando la víctima o sus familias otorgaban el patrocinio al Servicio.
En ese marco, los Centros Especializados de Violencia de Género de SernamEG, por ejemplo, realizaron más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias en 2025, llevando además de 1.293 representaciones judiciales.
Sin embargo, uno de los cambios relevantes que introdujo la Ley y que se regula en este reglamento es que, en casos de femicidio y suicidio femicida, el servicio podrá presentar una querella por iniciativa propia, a través de las abogadas y abogados de sus direcciones regionales.
Objetivo del reglamento según SernamEG
Según el servicio, esto permitiría asegurar una respuesta institucional más rápida y que estos delitos cuenten con representación judicial desde el inicio del proceso.
Además, el reglamento establece estándares técnicos que deberán cumplir las entidades públicas y privadas con las que SernamEG celebre convenios para que representen a las víctimas, con el fin de asegurar una atención adecuada y especializada.
“La violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia”, indicó al respecto la ministra Antonia Orellana.
“Por eso la Ley Integral incorpora la representación legal, y con este reglamento estamos dando un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación”, subrayó.
Cabe recordar que la Ley Integral establece distintas obligaciones en materia de prevención y atención de la violencia de género, además de crear un Sistema Integrado de Información que permitirá articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, seguimiento y protección de las víctimas; en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.