A pocos días de que el nuevo Presidente de la República asuma el próximo 11 de marzo en el Palacio de La Moneda, la Región de Atacama aparece rezagada en la definición de sus secretarios regionales ministeriales (seremis), en contraste con otras zonas del país donde el proceso presenta mayor avance.
Mientras en regiones como Biobío y Coquimbo ya se han conocido diversos nombres y acuerdos políticos para integrar los gabinetes regionales, en Atacama las conversaciones continúan sin resultados oficiales. La demora ha generado inquietud tanto en el oficialismo entrante como en la oposición, y ha sido atribuida a diferencias internas y choques de opinión entre referentes políticos locales.
Diversas fuentes políticas coinciden en que el retraso obedecería a diferencias internas y a un choque de opiniones entre el electo senador por la región del Maule del Partido Republicano Ignacio Urrutia y la delegada presidencial Sofía Cid, quienes tendrían visiones distintas respecto a los nombres que deberían integrar el gabinete regional.
Nombres que suenan
Pese a la ausencia de confirmaciones oficiales, en el ambiente político regional ya circulan algunos nombres para ocupar distintas carteras.
Para la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo se ha mencionado a Max Barrionuevo (RN); en Minería a Javier Sáez (IND); en Obras Públicas a Paula Guerrero (UDI); y en Transportes y Telecomunicaciones, a Daniela Gallegos (Partido Social Cristiano).
Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas nominaciones ha sido ratificada formalmente, lo que mantiene la incertidumbre en torno a la estructura con que comenzará a operar el Ejecutivo en Atacama.
Desde la oposición regional han surgido cuestionamientos al retraso en la instalación del gobierno. El presidente regional del Partido Socialista de Chile, Francisco Madero, sostuvo que históricamente a los gobiernos de derecha les ha costado la instalación en las regiones.
“Los gobiernos de derecha sistémicamente han tenido dificultades en la instalación regional, precisamente porque muchos de sus personeros provienen del mundo privado y les cuesta resolver la problemática propia del sector público”, afirmó.
Agregó que, a su juicio, cuando se argumenta que existen dificultades en el traspaso de información, se trataría de una estrategia comunicacional. “Se insiste en que el traspaso definitivo se realizó con información poco clara, pero nosotros consideramos que los traspasos se hacen de manera prístina y transparente. Esa narrativa busca obtener un crédito comunicacional”, señaló.