Un duro golpe a la probidad administrativa en el sector educación reveló la Contraloría Regional Metropolitana mediante su informe N°223 de 2025. La auditoría, que analizó la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), dejó al descubierto una gestión “crítica” y manual de las licencias médicas, con perjuicios fiscales que superan los $20.916 millones.
La investigación detectó una alarmante estadística: entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias por enfermedad común por más de dos años de forma intermitente. Esta práctica generó un universo de más de 60 mil licencias que el Estado no ha podido recuperar de las entidades pagadoras (Isapres o Fonasa).
Licencias rechazadas y dinero “en el aire”
Uno de los puntos más graves del informe señala que 9.964 licencias médicas fueron rechazadas por las entidades de salud. Sin embargo, la JUNJI:
- No recuperó los montos: El subsidio por incapacidad laboral asciende a más de $5.547 millones.
- No exigió la devolución: El servicio no implementó acciones para que los funcionarios restituyeran el dinero de días no trabajados y no justificados legalmente.
“Se enviarán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones que correspondan”, advirtió el organismo fiscalizador.
“Reparo” por pagos a personal desvinculado
La Contraloría también detectó que el servicio pagó $56 millones por licencias rechazadas a personas que ya no tenían vínculo con la institución (renunciados o despedidos). Ante la nula gestión de cobranza judicial, el organismo formuló un reparo, lo que constituye el inicio de un juicio de cuentas para que los responsables civiles restituyan el dinero.
El fin del “Excel” manual
Finalmente, la fiscalización evidenció que la JUNJI gestionaba estos miles de millones de pesos mediante planillas Excel manuales, ignorando los módulos del sistema informático oficial (PeopleSoft). Esta precariedad técnica habría facilitado el desorden administrativo y la falta de control.
La Dirección Nacional de la JUNJI tiene ahora un plazo fatal de 60 días hábiles para presentar un plan de acción que garantice la recuperación de los fondos públicos y la modernización de sus sistemas de cobro.