A nueve meses de que el Gobierno instruyera a la Contraloría General realizar sumarios administrativos por el escándalo de las licencias médicas, de acuerdo con la Dirección de Presupuestos, solo el 1% de los 25 mil casos terminó en sanciones.
Por ello, el ente contralor ha apercibido a, al menos, cinco instituciones que no han remitido los antecedentes a tiempo respecto al avance de las investigaciones.
Desde el mundo político la crítica por la demora en las investigaciones es transversal. Especialistas, en tanto, apuntan a un doble costo en las finanzas públicas y en la confianza institucional.
Licencias médicas: Contraloría apercibió a servicios públicos
El caso de las licencias médicas irregulares volvió a instalarse en la agenda pública, luego de que la Dirección de Presupuestos revelara que apenas un 1% de los cerca de 25 mil funcionarios del Estado involucrados en prácticas fraudulentas ha sido desvinculado hasta ahora.
En mayo de 2025, el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que se había instruido a la Contraloría General de la República para iniciar los sumarios administrativos correspondientes. Sin embargo, nueve meses después, los plazos establecidos ya se encuentran vencidos, evidenciando una tramitación excesivamente lenta.
De acuerdo con lo informado por la Dipres, 21.098 procesos disciplinarios continúan abiertos, situación que llevó a la Contraloría a apercibir a diversos servicios públicos que han incurrido en demoras en la entrega de la información sobre el estado de avance de estas investigaciones.
Esto significa que el ente estatal ordenó la suspensión inmediata y sin remuneraciones de quienes encabezan las unidades jurídicas de, al menos, cinco organismos públicos. Entre ellos se encuentra la Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes.
La anulación se mantendrá vigente hasta que los funcionarios cumplan con la entrega completa de los antecedentes solicitados por la Contraloría.
Escándalo por licencias médicas: crítica transversal en el mundo político
Este panorama ha generado cuestionamientos desde distintos sectores del espectro político, derivando en una crítica transversal.
Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado republicano, Agustín Romero, manifestó preocupación ante la tardanza de las gestiones estatales y sostuvo que la extensa tramitación del proceso instaura la sensación de “impunidad”.
Asimismo, su par de la UDI, Daniel Lilayu, quien expresó su inquietud ante la falta de claridad respecto de los criterios que se están aplicando en el desarrollo de los sumarios.
El ejercicio de fiscalización está lejos de concluir en el corto plazo. El último balance entregado por la Dipres da cuenta que solo el 6% de los sumarios instruidos están cerrados y cuentan con una resolución ejecutoria.
A la vez, 2.711 funcionarios mantienen sus casos pendientes de cierre o de la aplicación de la sanción correspondiente, incluyendo aquellos en que las medidas disciplinarias han sido impugnadas por los propios involucrados, entre otras situaciones.
Al respecto, el senador socialista Juan Luis Castro emplazó el compromiso que el exministro Mario Marcel hizo en su momento y que finalmente no se cumplió.
El parlamentario también cuestionó una posible conspiración en la jerarquía laboral, esto por la demora en la entrega de la información por algunos organismos públicos.
Falta de confianza en aparato público e impacto fiscal
El escándalo por el uso irregular de licencias médicas dejó al descubierto no sólo una grave falta administrativa, sino también serias debilidades en la capacidad del Estado para reaccionar con oportunidad y firmeza.
Las cifras entregadas dan una señal clara de que el problema no fue marginal ni aislado, sino estructural.
El investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, advirtió que la falta de resolución de los sumarios vinculados al uso irregular de licencias médicas en el sector público ha tenido un impacto directo en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
Según lo planteó, no se trata solo de un caso de alta exposición mediática, sino también del incumplimiento de un compromiso explícito asumido por el Gobierno. A su parecer, el escaso número de sumarios efectivamente concluidos proyecta una imagen de “debilidad” en la gestión del Ejecutivo.
En promedio, el uso fraudulento de las licencias médicas, de acuerdo con los datos entregados por la Dipres, se estimó en el cálculo total de más de 36 mil millones en pagos durante períodos de ausencia.
Montos como este proyectan al ausentismo en general dentro del sector público, con un fuerte impacto en lo económico. Se trata de recursos que, en un escenario de estrechez fiscal, podrían destinarse a otras emergencias para evitar una profundización en la tensión de las finanzas y el presupuesto público.
Así lo propone el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, quien sostuvo que, desde una perspectiva fiscal, el manejo de las licencias médicas será uno de los desafíos relevantes para el gobierno de José Antonio Kast:
La verdad es que la actual administración está llegando a su fin y será tarea de la nueva seguir abordando este tema, el que será clave dentro de un conjunto más amplio de medidas orientadas al ajuste fiscal, donde, como indicaron los expertos, no solo se trata de mejorar la recaudación, sino también de optimizar el gasto público, utilizando de mejor manera los recursos del Estado.