Un nuevo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) volvió a poner el foco en el mal uso de licencias médicas en el sector público. Se trata del séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios, elaborado en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2026, que da cuenta de una brecha significativa entre el número total de funcionarios involucrados y aquellos que finalmente han sido destituidos.
De acuerdo con el reporte —con datos obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2025—, las instituciones del Gobierno Central informaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, lo que involucra a 29.270 funcionarios públicos, según antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República (CGR).
Del total de funcionarios involucrados, 23.745 continúan en el servicio, mientras que 5.525 ya no trabajan en la administración pública. Sin embargo, incluso entre estos últimos, 2.947 siguen siendo objeto de sumarios administrativos, pese a no desempeñarse actualmente en sus cargos.
En total, existen 26.692 funcionarios cuyos casos deben ser investigados mediante sumarios administrativos. De ellos, 25.352 procedimientos ya han sido instruidos, aunque la mayoría sigue en desarrollo: 21.098 continúan en curso, mientras que solo 4.254 han llegado a una resolución con pronunciamiento del jefe superior del servicio.
Es precisamente en este último grupo donde se observa la mayor distancia entre el volumen de casos y las sanciones más severas. De los 1.543 procesos que ya se encuentran cerrados y con resolución ejecutoriada, solo 262 funcionarios han sido destituidos, lo que representa cerca del 1% del total de funcionarios involucrados en el mal uso de licencias médicas.
El resto de los casos cerrados se distribuye en sanciones de menor gravedad o derechamente sin castigo: 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos; 584 recibieron censura; 65 fueron sancionados con suspensión en el empleo; y 55 con multa.
Además, otros 2.711 funcionarios tienen procesos con resolución, pero aún están a la espera del cierre definitivo o de la ejecución de la medida disciplinaria, ya sea por impugnaciones u otras etapas pendientes del procedimiento.
El informe también detalla el impacto económico del fenómeno. La duración promedio de las licencias cuestionadas es de 22,1 días y, considerando remuneraciones brutas promedio de $1,9 millones mensuales, se estima que los funcionarios sometidos a sumario recibieron $36.876 millones en pagos durante los períodos de ausencia.
A esto se suma que 1.009 funcionarios optaron por renunciar antes de que se instruyera un procedimiento disciplinario en su contra, lo que reduce aún más el universo de eventuales sanciones efectivas.
Respecto al origen de los involucrados, Dipres consigna que 4.061 funcionarios ingresaron al servicio público desde el 11 de marzo de 2022 en adelante, mientras que 23.667 corresponden a administraciones previas. Asimismo, los informes CIC de la CGR muestran que los casos se explican principalmente por salidas del país (33%), salidas en servicios regionales (35%) y asistencia a casinos de juegos (21%), entre otras causales.
El balance vuelve a evidenciar que, pese al alto número de funcionarios involucrados en el mal uso de licencias médicas, las destituciones siguen siendo una fracción menor del total, en medio de procesos administrativos que, en su mayoría, aún permanecen abiertos.