Parlamentarios del oficialismo reaccionaron este martes a la advertencia de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, sobre el impacto fiscal que está teniendo la emergencia de los incendios forestales en el sur, y cómo esta podría afectar la viabilidad financiera de la Ley de Reajuste al Sector Público.
La jefa del órgano contralor alertó que los recursos contemplados para enfrentar catástrofes no son fondos «reservados» exclusivamente para el reajuste, por lo que, dada la magnitud de los siniestros en las regiones de Ñuble y Biobío, una parte importante de esas partidas deberá destinarse a la reconstrucción y atención de la emergencia.
«Cuando uno alude a líneas de presupuesto, en las cuales financia habitualmente emergencias, atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste», señaló Pérez.
En paralelo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) aseguró que los recursos actualmente disponibles no alcanzarían para financiar el reajuste. Según sus estimaciones, se requerirían cerca de US$ 822 millones adicionales, los que deberían provenir de reasignaciones presupuestarias o de un mayor uso de las provisiones existentes.
Reacciones oficialismo
Así, en el oficialismo se abrió un debate respecto a cuáles son las reales atribuciones de la Contraloría, asegurando que no le corresponde hablar de estos temas.
Por su parte, Andrés Couble, Secretario General del Frente Amplio aseguró a través de su cuenta de X «¿Qué función de la Contraloría la habilita para pronunciarse sobre prioridades presupuestarias y holguras fiscales? Existiendo otro órgano autónomo con funciones específicas en la materia (CFA), ¿No hay mal uso de recursos en que otra institución busque asumir esas funciones?».
El senador Gastón Saavedra (PS), en tanto, se unió a las críticas, manifestando en una entrevista con radio Infinita que «yo creo que la Contraloría tiene que dedicarse a revisar los antecedentes cuando le llegan y no empezar primero a condicionar. Pongámoslo en su lugar, cada uno actuando y yo creo que se ha extraviado el papel de la contraloría en el último tiempo».
«Es una institución destinada al control, sí, es cierto. Y tiene que hacerlo y me parece muy bien que se haga porque creo que eso aporta la transparencia, a la honestidad del servicio público, pero también como organismo público que es lo que corresponde. No que se exceda en los límites, creo que en el último tiempo se ha excedido», agregó.
En esa línea, el senador Daniel Núñez (PC) indicó que «no creo que estén en riesgo los fondos para el reajuste público. El Estado de Chile cuenta con mecanismos para dotarse de recursos extraordinarios en caso de desastre o catástrofe, tal como se ha hecho en otras emergencias en el pasado, materias que en todo caso corresponden a quienes están a cargo de la política fiscal».
La senadora Claudia Pascual (PC) aseguró que Pérez «excedió sus labores técnicas y específicas que tiene como contraloría. Yo espero ver hoy día lo que es el reajuste. Precisamente hay funcionarios que son de CONAF, que son de Salud, que son de los municipios que operan este reajuste. Entonces, y están precisamente las zonas afectadas, unos trabajando y otros siendo afectados. Me parece bien compleja la declaración».
El diputado Juan Santana (PS) también criticó los dichos de la contralora manifestando que «se excede en el ámbito de sus atribuciones al pronunciarse sobre este tipo de definiciones, que corresponden al debate y a las decisiones de política fiscal del Ejecutivo. Al hacer esta advertencia, lo que logra instalar es un cuestionamiento que no contribuyen a la claridad que hoy se requiere frente a materias sensibles para el país».
«En la práctica, lo que se plantea es una duda respecto del financiamiento del reajuste del sector público, al contraponerlo con los recursos necesarios para enfrentar la emergencia por los incendios en Ñuble y Biobío, y ese argumento es inaceptable. Tanto el reajuste como la atención de la emergencia son prioridades urgentes e importantes, más allá de las metas económicas del país. No puede ponerse en duda el cumplimiento de uno por la necesidad de abordar el otro», continuó.
Mientras que el diputado Boris Barrera (PC) indicó que «la Contraloría no tiene atribuciones en lo que tiene que ver con política fiscal. Creo que los comentarios de la contralora se han excedido, primero en su atribución y segundo en los efectos que puede a cargar el tema de los incendios».