Un prolongado conflicto territorial mantiene enfrentados a integrantes de la comunidad indígena costera Lorenzo Saguas y empresas que operan en la Estancia Cuesta La Arena, en la comuna de Huasco. La disputa, que tiene raíces históricas que se remontan a fines del siglo XIX, hoy se encuentra en sede judicial tras la presentación de denuncias cruzadas por presuntas irregularidades en la administración de los terrenos.
Patricio Francisco Saguas Cereceda, presidente de la comunidad indígena costera Lorenzo Saguas, afirma que la comunidad lleva años luchando por el reconocimiento y respeto de sus títulos de dominio, vigentes desde 1897 en adelante. Según explica, estos documentos acreditan la propiedad ancestral de los terrenos por parte de una comunidad compuesta por antiguos dignatarios y comuneros.
El dirigente sostiene que dentro de estos terrenos operan actualmente dos empresas, entre ellas Compañía Minera del Pacífico y la Termoeléctrica Guacolda , sin el consentimiento de los titulares legítimos.
“En el año 2011 se formó una administración compuesta por representantes de empresas y tres comuneros. Desde entonces se han establecido servidumbres y se han vendido terrenos sin que nosotros, los titulares, hayamos firmado o autorizado nada”, denuncia Saguas.
Frente a estos hechos, la comunidad presentó una denuncia por presunta actividad criminal en contra de la administración completa, involucrando tanto a personas naturales como jurídicas, con el objetivo de que se investiguen eventuales responsabilidades penales.
Ante estas acusaciones, Compañía Minera del Pacífico (CMP) entregó una declaración pública dirigida al Diario Chañarcillo, fechada el 19 de diciembre de 2025, en la que expone su versión de los hechos y rechaza cualquier responsabilidad en las irregularidades denunciadas.
Según detalla la empresa, el 25 de septiembre de 2025, integrantes de una de las familias de comuneros de la Estancia Cuesta La Arena presentaron una querella en contra de diversas personas naturales y jurídicas, incluida CMP, la cual fue derivada al Ministerio Público para su investigación.
La compañía señala que participa en la Comisión Administradora Pro Indiviso de la Comunidad Estancia Cuesta La Arena, y que, en ese rol, desde el año 2023 ha denunciado y presentado querellas por diversos delitos, precisamente con el objetivo de resguardar los derechos e intereses de la comunidad.
En su declaración, CMP afirma haber tenido una participación activa en las investigaciones, aportando antecedentes y solicitando diligencias, “manteniendo siempre como eje la protección del patrimonio comunitario y el cumplimiento de la normativa vigente”.
Asimismo, la empresa reafirma su disposición a colaborar con la nueva investigación en curso, subrayando que no tiene participación ni responsabilidad en los hechos denunciados, ni tampoco sus trabajadores. “Las actuaciones de CMP han estado orientadas desde un inicio a denunciar irregularidades y colaborar con las autoridades competentes para su esclarecimiento”, señala el comunicado.
Finalmente, la compañía reiteró su compromiso con el Valle del Huasco y con la Comunidad de Estancia Cuesta La Arena, destacando que una participación responsable, respetuosa del territorio y basada en la transparencia, la legalidad y la probidad, es fundamental para promover un desarrollo sostenible en beneficio de las personas y del entorno.
Mientras el Ministerio Público avanza en la investigación de las distintas querellas presentadas, el conflicto sigue abierto. Para la comunidad indígena, la disputa representa la defensa de su territorio, su historia y su derecho a decidir sobre tierras ancestrales. Para la empresa, se trata de aclarar responsabilidades y reafirmar su rol dentro del marco legal vigente.
El desenlace del caso podría sentar un precedente relevante en materia de administración de comunidades pro indiviso y de la relación entre pueblos originarios y proyectos productivos en la zona.