El proyecto que busca modificar sustancialmente la Ley de Partidos Políticos, aumentando los requisitos para su creación y operación en Chile, dio este miércoles un paso crucial en el Senado, tras ser despachado por la Comisión de Gobierno Interior con las 35 indicaciones que había presentado el Ejecutivo.
La propuesta, que busca elevar los estándares de probidad y representatividad de las colectividades, ahora está en condiciones de ser vista y votada directamente en la sala, con el objetivo de agilizar su tramitación antes de fin de año.
Una de las incorporaciones más destacadas apunta a fortalecer el compromiso democrático y la no violencia. Para conformar un partido, sus impulsores ahora deberán firmar una escritura pública donde se condene de manera explícita el uso y la incitación a la violencia en cualquiera de sus formas. Esta nueva exigencia busca asegurar que los cimientos de los partidos se basen firmemente en principios cívicos y pacíficos.
El proyecto también incluye una medida contundente para evitar la proliferación de lo que el Gobierno denomina «pymes políticas».
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que la nueva normativa eliminará el «incentivo perverso» de constituir partidos únicamente para obtener recursos.
«Nosotros hemos detectado un fenómeno en que se constituyen partidos políticos para obtener financiamiento público y es más: trasladan firmas de un partido a otro. Entonces, creemos que hay que eliminar ese incentivo perverso y, por tanto, creemos que el financiamiento público solo debe aplicarse a quienes tengan representación parlamentaria», explicó el jefe de gabinete.
Es decir, agregó, bastará con que el partido elija «al menos un parlamentario» para acceder a dichos fondos, promoviendo «que sean partidos que no solo se constituyan sino que participan en las elecciones», de forma real y efectiva.
Nuevo umbral de firmas para presidenciables independientes
Adicionalmente, se aprobó una propuesta presentada por senadores de Chile Vamos que endurece los requisitos para los independientes que aspiren a la candidatura presidencial. Ya no se les exigirá un número de firmas equivalente al 0,5% de quienes votaron en la elección de diputados anterior, sino el 0,5% del padrón electoral (actualmente se requerirían 78.091 firmas, más del doble de las 35.361 que se exigieron a los candidatos de la elección de noviembre).
Esta modificación, detalló la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, busca asegurar la representatividad territorial, al exigir además que el porcentaje de firmas se recoja en al menos ocho regiones del país.
«Las candidaturas presidenciales, como toda candidatura, deben ser representativas de un cierto sector, que tengan un número importante de firmas, pero además que sean representativas de al menos ocho regiones, al igual que los partidos políticos, que también requieren esa formación en ocho regiones», señaló la parlamentaria.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI) valoró la medida: «Me parece que apunta en un buen sentido, porque tiene que ver con criterios de descentralización que es propio de los partidos», equiparando la exigencia a la necesidad de formación en ocho regiones que se pide a las colectividades.
El Gobierno, que puso discusión inmediata al proyecto, espera que sea votado la próxima semana por la sala del Senado. Posteriormente, iniciaría su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados en los primeros días de enero.
El ministro Elizalde concluyó con la expectativa de que exista «buena receptividad respecto a este proyecto tal cual acontenció con el Senado, porque es una herramienta que nos permite avanzar hacia una democracia de alto estándar con movimientos políticos más representativos».