El 25 de noviembre un hombre agredió a quien era su pareja tras una discusión, le golpeó el rostro, la golpeó con tal fuerza que le fracturó los dientes y tras su detención quedó en prisión preventiva.En mayo había sido detenido por violencia intrafamiliar y tenía una prohibición de acercamiento que se extendió por seis meses, lo que días antes de ataque ya se había cumplido.
Sin embargo,no existía ningún monitoreo que advirtiera a las autoridades que pudiese volver a agredirla.
Desde 2021, la Ley 21.378 permite que los jueces ordenen el uso de tobilleras electrónicas cuando dictan una prohibición de acercamiento. El sistema consiste en un dispositivo para el imputado y un teléfono georreferenciado para la víctima; si el agresor entra en la zona de exclusión, el sistema emite una alerta y pone en marcha un protocolo en el que se coordinan operadores, Gendarmería y Carabineros.
La infraestructura existe: el país tiene capacidad instalada y miles de dispositivos disponibles, pero su uso es mínimo en las causas de violencia intrafamiliar.
En la Región de Atacama las cifras son especialmente bajas. Según TrackGroup, empresa a cargo del monitoreo telemático en Chile el cual se realiza en trabajo mancomunado con Carabineros de Chile y Gendarmería, de las 1.608 causas judicializadas por violencia intrafamiliar este año en la región, sólo 41 incluían el uso de tobillera electrónica. Eso representa un 2,55% de los casos, por debajo del promedio nacional de 3%. A nivel país, el patrón se repite: por cada 100 causas, apenas tres solicitudes de tobilleras.
Paul Thornton, gerente de TrackGroup, cree que la baja adopción se debe al desconocimiento de las autoridades: “El promedio de solicitudes es de un 3% a nivel nacional, y muchas veces se opta por medidas de alejamiento que sin tecnología son imposibles de controlar”.