El máximo tribunal adoptó la primera normativa ética de su historia, con reglas sobre conducta judicial, uso de redes sociales e inteligencia artificial, en un intento por recomponer la confianza pública tras la crisis provocada por el caso Audio.
La Corte Suprema aprobó el primer Código de Ética Judicial del país, un hito institucional destinado a fortalecer la transparencia y modernizar los estándares de conducta de quienes integran el Poder Judicial. La medida surge luego de uno de los periodos más difíciles para la judicatura, marcado por investigaciones por presuntas coimas y tráfico de influencias, y por el fuerte impacto del caso Audio, que generó una crisis sin precedentes en la Corte Suprema.
El documento es resultado de un proceso participativo iniciado en abril de 2024 y liderado por la ministra Adelita Ravanales. En su elaboración se consideraron observaciones de expertos nacionales e internacionales, asociaciones gremiales, funcionarios judiciales y ciudadanía, con el objetivo de recoger una visión amplia sobre las expectativas éticas hacia jueces y juezas.
El nuevo Código tiene carácter orientador, no sancionador. Su función es servir como marco ético que refuerce la independencia, imparcialidad e integridad del Poder Judicial, sin reemplazar el actual régimen disciplinario.
El texto establece valores esenciales como probidad, prudencia, igualdad de trato, responsabilidad institucional y comportamiento compatible con la función judicial. De manera inédita, incorpora directrices sobre el uso responsable de redes sociales y sobre la aplicación ética de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, áreas que hasta ahora no contaban con regulación interna específica.
La normativa contempla la conformación de un Consejo Ético de carácter consultivo, cuya misión será entregar recomendaciones para resolver dilemas éticos y orientar la toma de decisiones dentro de la judicatura. No tendrá potestad sancionatoria ni recibirá denuncias.
El Consejo estará integrado por cinco personas: un ministro de la Corte Suprema, un ministro de Corte de Apelaciones, dos jueces de primera instancia y un académico o académica en ética aplicada. Su composición deberá cumplir criterios de paridad de género y equilibrio territorial.
El Código de Ética se aplicará a todos los miembros del escalafón primario del Poder Judicial y a quienes ejerzan funciones jurisdiccionales, incluidos los abogados integrantes de los tribunales superiores.
Las primeras dos secciones —referidas a valores y reglas generales— ya entraron en vigencia el 10 de noviembre. La puesta en marcha completa, incluida la instalación del Consejo Ético, se desarrollará de forma progresiva hasta el 30 de junio de 2026.