La acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa abrió un conflicto político entre Yasna Provoste y Daniella Cicardini, marcado por denuncias de intervencionismo electoral, disputas familiares y cuestionamientos al municipio de Copiapó.
La tramitación de la acusación constitucional contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa derivó en un enfrentamiento político de alto impacto en Atacama. La senadora Yasna Provoste (DC) y la diputada Daniella Cicardini (PS) entraron en una dinámica de acusaciones cruzadas que salpicó al municipio de Copiapó y generó tensiones dentro del Congreso.
El conflicto se activó luego de que Ulloa mencionara haber sostenido conversaciones informales con Provoste en 2020. Esa declaración fue utilizada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), pareja de Cicardini, para interpelar a la senadora en plena sesión. Su intervención provocó interrupciones, llamados al orden y cuestionamientos por presunto intervencionismo electoral.
Tras ese episodio, Provoste respondió acusando la existencia de prácticas irregulares en el municipio de Copiapó, administrado por Maglio Cicardini, padre de la diputada. Señaló la existencia de presuntas irregularidades en contrataciones municipales, lo que llevó a que la Contraloría abriera una investigación por eventual uso de recursos públicos con fines políticos. Paralelamente, la Fiscalía Regional de Atacama mantiene diligencias activas sobre la misma materia.
La diputada Cicardini, en tanto, apuntó a que las indagatorias contra su familia responden a motivaciones políticas y aseguró que enfrenta una ofensiva interna debido a su rol en causas de alta connotación nacional. Desde su sector plantearon que el conflicto tiene un trasfondo de disputas internas en la región y tensiones arrastradas entre ambas parlamentarias.
El escenario también tuvo repercusiones en el Congreso. Mientras algunos parlamentarios calificaron la intervención de Manouchehri como un acto impropio dentro de la discusión legislativa, otros anunciaron acciones legales en su contra por considerar que sus afirmaciones afectan la honorabilidad de terceros.
En el Ejecutivo, el Ministerio del Interior llamó a mantener la prudencia y permitir que las investigaciones continúen sin presiones políticas. Desde el Poder Judicial, autoridades expresaron preocupación por el ambiente de confrontación y señalaron que las acusaciones contra Ulloa deben evaluarse según criterios estrictamente jurídicos.
En tanto, el alcalde Maglio Cicardini solicitó que la causa que afecta a su municipio sea trasladada a otra región para garantizar imparcialidad en la investigación. La Fiscalía Regional de Atacama rechazó esa solicitud y afirmó que actuará conforme a los procedimientos establecidos.