Contraloría abre sumario a la Municipalidad de Copiapó por presunto intervencionismo político a favor de Jeannette Jara y Daniella Cicardini

El organismo fiscalizador investiga eventuales irregularidades del alcalde Maglio Cicardini y su jefe de gabinete, así como el uso de vehículos municipales en actividades vinculadas a campañas políticas.

La Contraloría Regional de Atacama instruyó un procedimiento disciplinario contra la Municipalidad de Copiapó, tras recibir denuncias por presunto intervencionismo político en favor de las campañas de la candidata presidencial Jeannette Jara (PC) y de la aspirante al Senado, la diputada Daniella Cicardini (PS), hija del alcalde de la comuna, Maglio Cicardini (IND).

Según informó el organismo fiscalizador, las denuncias fueron presentadas tanto por personas con reserva de identidad como por el Comité de Vivienda del Proyecto Habitacional San Pedro de Copiapó, y apuntan a que autoridades municipales habrían ejercido presiones y condicionado apoyos sociales a la adhesión hacia las candidaturas mencionadas.

El informe señala que la Contraloría revisó antecedentes y registros públicos en los que se advierten declaraciones y conductas que podrían implicar un intervencionismo político a favor de la candidatura senatorial de Daniella Cicardini y de una candidatura presidencial afín al Gobierno, presuntamente utilizada como requisito para acceder a beneficios sociales gestionados por el municipio.

Asimismo, el organismo solicitó al municipio aclarar el uso de personal, mobiliario y vehículos institucionales en una actividad organizada por el comando de la candidata Jeannette Jara, realizada el 5 de septiembre de 2025, y donde se habría detectado la presencia de vehículos municipales prestando apoyo logístico.

La Contraloría argumentó que estos hechos podrían constituir infracciones al principio de probidad administrativa y a la prohibición de realizar actividades políticas en el ejercicio de funciones públicas, establecidas en el decreto ley N° 799 de 1974, sobre uso de vehículos fiscales.

En su pronunciamiento, el organismo enfatizó que “las autoridades y los funcionarios públicos no pueden realizar actividades de carácter político contingente ni valerse de su cargo para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos o tendencias políticas”.